Mientras la Intendencia de Montevideo (IM) acumula un déficit millonario, destina recursos públicos a programas insólitos: desde 2022, mujeres y personas trans en ejercicio del trabajo sexual están siendo capacitadas con dinero público en cursos de manicura, uñas en gel y kapping.
La capacitación, exclusiva para este colectivo, forma parte de un programa promovido por las secretarías de Empleabilidad e Inclusión Social, Diversidad y la Asesoría para la Igualdad de Género, principales responsables de la crítica situación fiscal que atraviesa la Intendencia.
Así, las participantes reciben boletos gratuitos, kits de manicura, cuidado infantil y seguimiento personalizado, todo financiado por el contribuyente. Sin embargo, lo más grave no es solo la capacitación en sí.
Quizás también te interese este archivo desclasificado de la historia reciente
Uñas vip: clientela dentro de la Intendencia de Montevideo
Según declaró esta mañana Karina Núñez, fundadora del Sindicato de Trabajadoras Sexuales del Uruguay (OTRAS), a las trabajadoras sexuales se les ha permitido acceder a las oficinas públicas, en pleno horario laboral, para ofrecer sus servicios de estética de uñas.
Estas mujeres no solo fueron capacitadas, sino que consiguieron a sus clientas dentro de la propia Intendencia. Así, las funcionarias públicas pueden acceder a un bello esmaltado a precio amigas, mientras transcurre su jornada laboral.
“Ellas empezaron con uñas dentro de la Intendencia. Las compañeras iban con su bolsito e iban haciendo agenda dentro de las oficinas” afirmó Núñez con orgullo.
Quizás también te interese esta reflexión sobre la decadente socialdemocracia
La sindicalista declaró que hasta ahora la Intendencia de Montevideo ha sido el único organismo estatal que ha implementado políticas concretas (privilegios) para su colectivo. Desde 2021, ha creado cupos laborales exclusivos para trabajadoras sexuales, permitiéndoles postularse a concursos públicos con su libreta habilitante.
Entre 2023 y 2024, 93 mujeres ingresaron a diferentes áreas de la Intendencia.
| Redacción
Trabajadoras sexuales ATR
“Nosotras, la sociedad civil, ya venimos ATR haciendo cosas”, afirmó Karina Núñez tras la marcha del viernes. Desde hace siete años, el colectivo se manifiesta cada 4 de julio en Plaza Libertad, recordando la promulgación de la Ley 17.515 que despenalizó el trabajo sexual.
Este lunes 7 de julio está estipulada una reunión con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para pautar una guía nacional sobre las condiciones laborales del sector.
Uno de sus reclamos centrales apunta a obtener autonomía sobre sus ingresos y lograr que el BPS reconozca una categoría laboral específica. Además, piden beneficios fiscales para empresas que contraten trabajadoras sexuales.
Quizás también te interese seguir los primeros días del comunista Orsi
Uruguay siempre primero
En Uruguay se estima que hay unas 70.000 personas que ofrecen servicios sexuales, pero solo 15.000 están registradas bajo la Ley 17.515. De estas, apenas 218 realizan aportes al BPS.
Un informe reciente de la OEA urge a los países de la región a generar más políticas públicas para garantizar condiciones dignas para trabajadoras sexuales. Karina Núñez enfatizó que Uruguay es el único país de América Latina donde el colectivo participa activamente en diseño de políticas.
Acceden a preservativos gratuitos y atención médica, pero denuncian que muchas medidas son mal implementadas.
Derechos sí, obligaciones no
La Ley N.º 17.515, promulgada en 2002, definió el trabajo sexual como lícito y regulado. El Registro depende del Ministerio del Interior, lo que genera rechazo por parte del colectivo.
Una de las críticas más duras apunta a la Policía, señalada como “el principal mal que tienen”, por exigir la libreta habilitante y aplicar multas.
Resulta curioso que no les moleste presentar la misma libreta para postularse a cargos públicos en la Intendencia.
¿Qué reclaman?
Entre los reclamos: trasladar el registro al Ministerio de Trabajo, eliminar las “zonas rojas” y crear una categoría laboral específica. También exigen controles sanitarios y la posibilidad de trabajar de forma independiente y digital.
La ley fue un avance tras décadas de persecución, pero el colectivo considera que ha quedado desactualizada frente a nuevas realidades, como el trabajo en plataformas digitales.
En 2022 se presentó un proyecto de reforma impulsado por OTRAS, que reclama aportes jubilatorios decrecientes con la edad y actualización normativa con enfoque de derechos humanos.
Una Ciudadana Ilustre de Montevideo con Mala Reputación
En 2024, Karina Núñez fue distinguida como Ciudadana Ilustre de Montevideo: “un reconocimiento a su lucha contra la estigmatización del trabajo sexual”.
Nacida en Fray Bentos, cuarta generación de trabajadoras sexuales, Núñez ha fundado organizaciones como Visión Nocturna, COOVIDEY y el Sindicato OTRAS.
| Redacción
Su historia fue retratada en el documental “Mala Reputación”, coproducido entre Uruguay y Argentina, con apoyo de la Intendencia y el INCAA.
Durante este período de gobierno, el Frente Amplio creará programas que “sostengan la autonomía económica” de las trabajadoras sexuales, con más fondos públicos para capacitaciones, microemprendimientos y subsidios dirigidos a minorías.