En una señal diplomática y judicial de peso en apoyo a la gestión de Javier Milei, el Gobierno de Estados Unidos anunció que intervendrá a favor de la Argentina en uno de los capítulos del millonario juicio por la expropiación de YPF.
A través del Departamento de Justicia (DOJ), la administración de Donald Trump presentará un escrito amicus curiae ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, solicitando que se suspenda la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska que ordenó entregar el 51% de las acciones de la petrolera a Burford Capital.
Esta acción no implica aún una posición oficial sobre el fondo del caso (la sentencia por USD 16.100 millones), pero sí busca frenar el traspaso de acciones mientras avanza la apelación argentina contra el fallo adverso dictado en 2023.
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El caso YPF, una disputa legal sin precedentes
El juicio por la expropiación de YPF se originó a raíz de la decisión del gobierno de la condenada Cristina Kirchner de estatizar la empresa en 2012 sin lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) como preveían los estatutos. El fondo litigante Burford Capital compró los derechos para litigar a los antiguos accionistas Eskenazi y luego obtuvo un fallo favorable en primera instancia.
En septiembre de 2023, la jueza Preska condenó a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares. Además, en un capítulo separado del caso, ordenó la transferencia del 51% de las acciones de YPF al demandante, algo que Argentina intenta evitar mientras la causa sigue en apelación.
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Qué implica el apoyo de Estados Unidos
La presentación del Departamento de Justicia no resuelve el caso, pero tiene peso político y jurídico, al tratarse de un actor con fuerte influencia ante la justicia neoyorquina. Según explicó el analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, “la intervención apunta, con toda probabilidad, a influir en la Corte para que suspenda la ejecución del fallo mientras se tramita la apelación”.
No obstante, el respaldo no se extiende al fallo principal de USD 16.100 millones, ni a la apelación por la orden de entrega de acciones, al menos por el momento.
Para Argentina, el apoyo del gobierno estadounidense representa un avance en su estrategia legal y diplomática, en un litigio que aún podría extenderse durante todo 2025 y parte de 2026.