El juicio por la expropiación de YPF, que ya lleva una década en el tribunal de la jueza Loretta Preska, atraviesa una instancia clave esta semana. La Corte de Apelaciones de Nueva York deberá resolver si la Argentina debe entregar el 51% de las acciones de la petrolera como parte del cumplimiento de la condena.
En primera instancia, Preska ya condenó al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, cifra que con intereses acumulados supera los USD 18.000 millones y que deberían ser saldados con más de la mitad de las acciones de la empresa. El fallo fue apelado y la audiencia de revisión está prevista recién para fines de octubre, después de las elecciones legislativas nacionales.
Sin embargo, este martes, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito podría definir si se ejecuta la entrega de acciones, si se concede una suspensión con garantías distintas o si se acepta el pedido argentino de frenar la medida sin condiciones. Cualquiera de estas alternativas marcará el rumbo del litigio durante los próximos meses.
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Mientras tanto, el principal beneficiario del caso, Burford Capital, avanza con presentaciones para presionar al país y forzarlo a negociar. Entre las medidas más importantes figura el pedido de acceso a correos electrónicos, chats y documentos de exministros de Economía, así como la transferencia inmediata de las acciones estatales de YPF.
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La Corte de Apelaciones de Nueva York tiene tres caminos posibles. El primero es no conceder la suspensión y confirmar la orden de Preska de entregar las acciones. El segundo, otorgar una suspensión pero con garantías distintas a las acciones de YPF. El tercero, aceptar plenamente la posición argentina y frenar la medida hasta que se resuelva la apelación principal.
Si se confirma alguna de las dos primeras opciones, el Gobierno podría llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos, una instancia inusual para un tema administrativo. Sin embargo, según fuentes cercanas al caso, la administración libertaria estaría dispuesta a hacerlo. El riesgo, señalan, es que el tribunal superior decida no intervenir, dejando firme la decisión de la Cámara.
En caso de que el fallo sea negativo y Argentina no cumpla, el país entraría en desacato. Entre las posibles consecuencias que generaría esta decisión se encuentra el embargo de reservas del Banco Central (BCRA), la intervención para que el país no pueda salir a los mercados de capitales o que se le embarguen activos a YPF.
Burford Capital busca negociar con Argentina por el juicio de YPF
Desde que adquirió los derechos del litigio, Burford Capital persigue una estrategia para presionar a la Argentina y lograr llegar a un acuerdo. En los últimos meses, contrató a Gerardo “Gerry” Mato, exbanquero de Wall Street con lazos en el Gobierno y en el mercado financiero neoyorquino, para intermediar. Mato se reunió en octubre pasado con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aunque oficialmente fue catalogado como un encuentro de “cortesía”.
En el Gobierno argentino prefieren mantener silencio sobre el tema, pero fuentes cercanas a las negociaciones y exfuncionarios advierten que “negociar un acuerdo antes de agotar la última instancia judicial podría comprometer judicialmente a futuro al funcionario que firme dicho convenio”.
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Mientras tanto, una encuesta de Poliarquía Consultores refleja que el 65% de la población estaría a favor de que el Ejecutivo busque negociar un acuerdo con los acreedores y logre una reducción del monto a pagar. En contraste, aproximadamente uno de cada cuatro argentinos opina que el Gobierno debería desconocer el fallo. Las opciones de continuar el litigio vía apelaciones o aceptar la sentencia actual tienen un respaldo minoritario, apenas un 5%.
Respecto a la forma de pago preferida por los ciudadanos en caso de cumplimiento o acuerdo, el 37% apuesta por la emisión de bonos soberanos, seguida por un 16% que opta por la entrega de acciones de YPF, y un 9% que ve con mejores ojos la entrega de instrumentos de inversión vinculados a Vaca Muerta o a otras empresas estatales.
En cuanto a la distribución del dinero en caso de cobro, el 70% de lo que se abone corresponderá a Burford Capital, mientras que el 30% restante irá destinado a la administración de la quiebra del Grupo Petersen, bajo la supervisión de un síndico. Este encargado deberá distribuir esos fondos entre los acreedores de Petersen, quienes no aportaron capital propio para comprar YPF y probablemente no recuperarán grandes sumas, debido a que las deudas que arrastran superan lo que les correspondería recibir.
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Burford mantiene una firme intención de cobrar o negociar, mientras que Argentina sigue rechazando sentarse a dialogar con este litigation funder inglés, al que desde la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) comparan con un fondo buitre. El organismo que lleva adelante la defensa del Estado ya cambió de cabeza en lo que va de la gestión de Javier Milei y que ahora es dirigido por Santiago Castro Videla.
Aunque tanto Burford como la PTN mantienen un absoluto hermetismo sobre sus estrategias, fuentes financieras estiman que el fondo inglés podría aceptar un paquete de activos para monetizar rápidamente, siempre que exista un reconocimiento formal de la deuda. En tanto, en el Gobierno la orden es litigar hasta la última instancia y evitar filtraciones, luego de que se detectaran irregularidades que derivaron en la salida de más de 60 funcionarios de la PTN en las últimas semanas.
RM/DCQ