El alicatado de los trece cuartos de baño —ornamentados, algunos, con símbolos franquistas— el papel pintado de las paredes, algunas estanterías, bombillas sueltas, una estatua de Santiago Peregrino y un bajo relieve. Es más o menos la cuenta final de atractivos interiores que presenta la casa Cornide, en A Coruña, abierta al fin a visitas tras años de recursos judiciales y una multa de la Xunta de Galicia a los Franco por negarse a abrir al público el palacete que ocupan desde los años 60. Un cascarón vacío que llama la atención a los 20 visitantes que pueden acceder por semana, el mínimo al que obliga la ley a titulares de Bienes de Interés Cultural. La completa ‘nada’ ha llamado tanto la atención que hasta los Franco han intentado justificarse. Lo ha hecho uno de los nietos del dictador, Jaime Martínez Bordiú, que atribuye el vaciado total del inmueble a «problemas de humedad», entre otras coyunturas.
«En esa casa ya no pasamos tiempo. Tuvimos que vaciarla por problemas de humedad, se hicieron obras y, tras el fallecimiento de mi madre, repartimos las pertenencias como es habitual», comentó a los medios en un evento en Madrid. Carmen Franco, única hija del dictador, falleció en 2017. Tres años después, en diciembre de 2020, este periódico captó a operarios contratados por la familia vaciando las dependencias, ayudados de una furgoneta apostada frente a la entrada principal. Curiosamente, el traslado de los bienes se produjo en paralelo al impulso de la declaración BIC por parte del Ayuntamiento para la casa, y muy pocos meses después de la sentencia de primera instancia que reconocía al estado como titular del pazo de Meirás, otra de las propiedades coruñesas expoliadas por la familia.
Así como los bienes interiores del pazo sadense sí fueron inventariados y objeto de un proceso judicial independiente, nada se sabe del mobiliario que, hasta hace poco, decoraba la casa Cornide. Las únicas imágenes del interior que salieron a la luz pública en los últimos años las compartió la web de la inmobiliaria de lujo a través de la que la familia quiso poner a la venta la propiedad, sin éxito por el momento, por 3,5 millones de euros.
La ausencia de registros gráficos, como el hecho de que la familia nunca permitió a técnicos de patrimonio entrar a evaluar el estado interior de la propiedad, hace imposible elucubrar qué objetos se llevó de la casa, y si estos pertenecían o no al patrimonio nacional. Para el nieto del dictador, la explicación es mucho más sencilla. «Es la casa de mi abuela, ahora se muestra porque así lo establece la ley. Hemos alcanzado un acuerdo y creo que se puede visitar un día a la semana», comentó. En realidad, fue necesario que la Xunta impusiese a los Franco una multa de 3.000 euros para que se decidiesen a abrirla. Un paso que tendrían que haber dado en 2023, cuando el inmueble fue declarado BIC de forma oficial. Mientras tanto, el Concello mantiene su intención de reclamar su titularidad en los tribunales. Una reclamación de la que el Estado ya se ha desmarcado al considerar desafectado del dominio público el bien. Para iniciar la vía civil, el Concello deberá anular los acuerdos plenarios que hicieron posible el traspaso de la propiedad a la mujer del dictador, un proceso en el que ya trabaja.