Tres años después de haber sido aprobadas por el Consejo de Ministros tras un pacto con los bancos, las medidas extraordinarias de apoyo a los hipotecados de clase media con problemas de pago dejarán de estar en vigor el 23 de noviembre (o el 23 de mayo en las zonas afectadas por la DANA), salvo que el Gobierno las vuelva a prorrogar como hizo el año pasado. Al contrario que entonces, las entidades financieras tienen ahora más esperanzas de que el llamado Nuevo Código de Buenas Prácticas hipotecarias decaiga. Con ello, confían en recuperar margen para negociar más libremente con sus clientes en apuros soluciones de pago que impliquen un menor coste en sus resultados vía provisiones. El Ejecutivo, por su parte, afirma que no ha tomado aún una decisión, pero ha dejado entrever que no descarta ponerle fin.
La cuestión de fondo es que el plan de ayuda a los hipotecados que el Gobierno impuso a la banca en noviembre de 2022 (y que incluía también una ampliación del código de 2012 para familias vulnerables, que seguirá en vigor) se produjo en un momento en que el Banco Central Europeo (BCE) estaba subiendo los tipos de interés de referencia de la zona euro a una velocidad sin precedentes para combatir la espiral inflacionista agravada por la invasión de Ucrania. Cuando se acordó el plan tras intensas negociaciones con el sector, el precio del dinero había subido en apenas tres meses del -0,5% al 1,5%, y siguió escalando hasta el 4% de septiembre de 2023. A partir de junio de 2024, sin embargo, la autoridad monetaria comenzó con los recortes y llevó los tipos al 2% actual, con la consiguiente rebaja de las cuotas hipotecarias.
Paralelamente, la economía y el empleo se comportaron mejor de lo que hubiera sido de prever. Ello facilitó que la morosidad hipotecaria tuviese una evolución sorprendentemente positiva teniendo en cuenta el fulgurante ascenso de los tipos de referencia. El saldo impagado de crédito para la compra de vivienda bajó de 14.522 millones de euros en marzo de 2022 a 11.380 millones en el mismo mes de 2023. En los meses siguientes, subió hasta los 12.408 millones que alcanzó a principios de 2024, pero desde entonces ha descendido a 10.691 millones, su nivel más bajo desde junio de 2008. Teniendo en cuenta que los hogares tardan unos dos años en dejar de pagar las cuotas después de sufrir un impacto financiero, se puede concluir que ya han superado mayoritariamente el ‘shock’ del alza de los tipos.
Momento distinto
Así lo destacó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras una reunión con las patronales bancarias a mediados de julio, en la que dejó abierta la posibilidad de no prorrogar las medidas de alivio para las clases medias. «Estamos ahora en un momento muy distinto en cuanto al ciclo de tipos de interés, con una reversión de gran parte de las subidas, un mayor alivio para las familias, y seguimos con una situación muy positiva en cuanto a evolución de salarios y renta. Este es el contexto en el cual, conforme se acerque la finalización de esta prórroga, valoraremos si es necesario o no seguir prorrogando. Todavía no hemos tomado una decisión al respecto, pero las noticias son positivas«, sostuvo.
En el mismo foro, los líderes de las patronales bancarias mostraron su confianza en que el plan no sea ampliado de nuevo. «El código tuvo una naturaleza preventiva desde el principio y surgió en un contexto macroeconómico muy específico, que hoy desde luego no es el que vivimos. Nosotros no vemos la necesidad de prorrogarlo, pero en cualquier caso estaremos a los análisis y a las propuestas que nos lleguen por parte del ministerio», argumentó Antonio Romero, director general de la CECA. «No vemos necesaria su extensión», abundó Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB, con argumentos similares.
Falta de información
Una de las grandes incógnitas es cuántas familias se han beneficiado del plan de alivio hipotecario de 2022. Aunque por ley se fijó que una comisión haría un seguimiento de ello, lleva sin publicar datos desde el cierre de 2023. Probablemente tenga que ver con que la cifra es muy inferior a los «más de un millón de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad» que se empeñó en anunciar la entonces ministra, Nadia Calviño, cuando se aprobaron las medidas. Fuentes del Gobierno ya reconocían en ese momento que se trataba de una cifra de beneficiarios potenciales, no de los previsibles. Y el Banco de España tardó poco en rebajarlas a 549.000 hogares potencialmente beneficiarios y unos 200.000 probables.
En julio del año pasado, Cuerpo apuntó que se habían recibido 79.300 solicitudes para los dos códigos hasta mayo y se habían concedido 11.600, pero desde entonces no hay datos actualizados comparables. El Gobierno y la banca, en cualquier caso, vienen defendiendo que la baja utilización de las medidas es positiva. «Esta red que pusimos en marcha de manera preventiva ha funcionado. Ha habido personas que la han necesitado y ha estado ahí para ayudarlas. Afortunadamente, la buena evolución de la economía y de la situación financiera de los hogares ha hecho que, pese a esa subida tan rápida y significativa de los tipos, no hayamos tenido un impacto negativo significativo en el día a día de nuestras familias, y por tanto que no haya sido necesario un acceso generalizado o masivo«, argumentó hace unas semanas.
Para acogerse al código para las clases medias, los hogares deben tener de manera generalizada una renta anual máxima de 37.800 euros (4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y una hipoteca suscrita antes de 2023 para una primera vivienda de no más de 300.000 euros de precio de compra. La cuota debe ser superior al 30% de la renta de la familia y el porcentaje de ingresos que se dedica al pago debe haberse multiplicado por al menos 1,2 entre el momento de presentación de la solicitud y cuatro años antes. Si se cumplen los requisitos, se puede elegir entre la ampliación del plazo de amortización hasta un máximo de siete años, dejar fija la cuota hipotecaria por un periodo de 12 meses, o cambiar el tipo de variable a fijo.
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