Una funcionaria judicial de larga trayectoria presentó una denuncia de 111 páginas contra el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Abel Sánchez Torres; la jueza Graciela Montesi –su pareja– y el secretario de Cámara Mario Olmedo. La denunciante calificó como una cadena de “violencia psicológica, laboral, institucional y de género”.
Celina Laje Anaya, secretaria de Cámara con 37 años de carrera, relató en su escrito que el conflicto se originó en diciembre de 2023, cuando Sánchez Torres le habría ordenado firmar un certificado falso para integrar a Montesi en una causa por evasión agravada contra un exdirectivo de la empresa Bunge. Según la denunciante, la maniobra buscaba asegurar el control del tribunal en un fallo clave.
“No pensé que fuese un error sino una intención dirigida a insertar mediante un certificado, datos falsos que permitirían una integración apartada de la ley”, señaló Laje Anaya en la denuncia.
Al negarse, asegura, comenzó una campaña de hostigamiento sistemático que incluyó “gritos, malos tratos, descalificaciones, amenazas, quita de funciones, vacío laboral y sobrecarga de trabajo”, lo que habría derivado en un grave quebranto de su salud mental. En diálogo con Fuerte y Claro, Claudio Orosz, abogado de Laje Anaya, señaló que esta serie de episodios fueron como “el camino a la crucifixión”.
Presión y degradación
La denuncia detalla que, tras su negativa, Sánchez Torres y Montesi habrían iniciado una serie de acciones destinadas a forzarla a aceptar una permuta de su cargo por uno de menor jerarquía. Según su relato, en medio de una licencia por carpeta psiquiátrica –que comenzó en abril de 2024 y fue avalada por certificados médicos–, fue convocada durante el receso judicial de julio de 2025 y obligada a trabajar en condiciones denigrantes.
El documento de la médica psiquiatra tratante dice sobre Laje Anaya: “Padece de Trastorno de Adaptación con reacción Mixta de Ansiedad y Depresión F 43.22 donde está claro que lo que desencadena y mantiene el cuadro es el trauma causado por el maltrato sufrido en su trabajo por parte de sus superiores”.
Intento de permuta coercitiva
La situación llegó a su punto crítico cuando, según Laje Anaya, fue presionada para que aceptara una permuta de su cargo de Secretaria de Cámara por el de Secretaria de Juzgado, lo que implicaría un descenso en la escala jerárquica. La denuncia señala que Sánchez Torres, Montesi y Olmedo actuaron de manera coordinada para lograr su aceptación bajo coacción.
La denunciante indicó que le preguntaban todo el tiempo si ya había tomado la decisión de firmar la permuta “siempre agregando que de lo contrario tenía una montaña de expedientes para trabajar gesticulando con las manos como quien abraza un tamaño inabordable”.
Luego de firmar la permuta bajo presión, Laje Anaya debió solicitar una nueva licencia médica debido a la recaída en su salud mental.
Pedido de medidas y investigación
La denuncia solicita una restricción de contacto perimetral contra los denunciados, el secuestro de sus teléfonos y computadoras para buscar pruebas de coordinación ilícita, y la investigación penal por los delitos de abuso de autoridad, coacción y violencia de género.
El caso quedó a cargo del Juzgado Federal N°2 de Córdoba, a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, y será elevado al Consejo de la Magistratura de la Nación.
“No puede haber violencia de género ni laboral ni bullying en la Justicia federal. La Justicia es la Justicia, no un señorío feudal de determinadas personas”, afirmó Claudio Orosz, abogado de la denunciante.