En el corazón de las sierras de Córdoba, a solo 35 kilómetros de la ciudad de Villa Carlos Paz, yace un recordatorio silencioso y peligroso de la historia industrial del país: la mina de uranio de Los Gigantes. Un yacimiento que, a más de tres décadas de su clausura, continúa siendo un problema ambiental latente y una herida abierta para la comunidad.
La historia de este complejo minero-fabril se remonta a 1979, en plena dictadura militar, cuando se firmó el convenio para la explotación del uranio en la zona, un mineral estratégico para el desarrollo de la energía nuclear en Argentina. La planta comenzó a funcionar en 1982, extrayendo material que serviría como combustible para las centrales nucleares del país.
Sin embargo, su vida útil fue efímera. En 1987, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) decidió detener la explotación «por razones ambientales» y apenas unos años después, en 1991, el contrato con al empresa Sánchez Granel se rescindió de forma definitiva, y la mina quedó cerrada. Pero no remediada.
Desde entonces, Los Gigantes se convirtió en un símbolo de abandono y promesas incumplidas. A cielo abierto, a merced de las inclemencias del tiempo, permanecen 2,4 millones de toneladas de residuos radiactivos y 1,6 millones de toneladas de mineral marginal, esparcidos en tres diques. Este material, expuesto a las lluvias y la erosión, representa un riesgo constante de contaminación para los arroyos de la cuenca, como el El Cajón, que alimenta el lago San Roque.
A lo largo de los años, se han planteado diversos proyectos de remediación, pero ninguno ha llegado a concretarse. En 2008, la CNEA anunció un plan de remediación con una inversión millonaria que se esfumó en el olvido. Años más tarde, en 2017, se propuso el traslado de la planta de Dioxitek, ubicada en Alta Córdoba, al predio de Los Gigantes, un proyecto que fue frenado por la férrea oposición de los intendentes y vecinos de la región, preocupados por el tránsito de material radiactivo por sus ciudades.
Recientemente, la situación de la mina de Los Gigantes volvió a los titulares tras reportes de supuestas filtraciones en las geomembranas de los diques, un hecho que reavivó la alarma sobre el peligro ambiental que representa el yacimiento. Vecinos de la zona han denunciado la presencia de vehículos de la CNEA y han insistido en que las filtraciones continúan, a pesar de las reparaciones anunciadas por el organismo. No obstante, el gobierno nacional desmintió que hubiese pérdidas recientes y enumeró trabajos que se llevaron adelante durante el 2023.
La historia de la mina de uranio de Los Gigantes es, en definitiva, la crónica de un problema que lleva más de 30 años sin resolverse. Es la historia de un pasivo ambiental que las instituciones no han sabido o no han querido enfrentar, y que sigue latente, contaminando el ecosistema y representando un riesgo para las comunidades cercanas.