La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad deberán afrontar el pago solidario de $684.990.350.139,86 en concepto de decomiso. El máximo tribunal penal rechazó los planteos de la defensa de la exmandataria y ratificó tanto el monto fijado por el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) como la metodología utilizada para su actualización.
La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces de la Sala IV, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. En un fallo de 81 páginas, los camaristas señalaron que la condena de diciembre de 2022 quedó firme en junio pasado, tras la intervención de la Corte Suprema, lo que “clausura cualquier debate sobre la procedencia o extensión del decomiso”. En ese sentido, remarcaron que lo que corresponde ahora es “únicamente su ejecución, con la actualización necesaria para resguardar el valor real de las sumas confiscadas”.
El decomiso, que se suma a la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta contra la administración pública, se funda en el artículo 23 del Código Penal y fue considerado por los jueces como una “consecuencia legal e imperativa” de la condena. El monto, originalmente fijado en más de $84.000 millones, fue actualizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema y por técnicos del Ministerio Público Fiscal hasta alcanzar los casi $685.000 millones.
La defensa de Cristina Kirchner había objetado la cifra y propuesto un cálculo alternativo que reducía el decomiso a unos $42.494 millones, además de pedir la suspensión de la ejecución. Argumentaron que el método aplicado —basado en el índice de precios al consumidor— era inadecuado. A este planteo se sumaron Lázaro Báez, José López y Mauricio Collareda, pero la Cámara desestimó todos los reclamos y consideró que los informes de parte carecían de “sustento suficiente”.
La resolución, que ratifica la obligatoriedad del decomiso como pena accesoria y en cumplimiento de compromisos internacionales contra la corrupción, habilita al juez Jorge Gorini a avanzar con la ejecución patrimonial. El fiscal Diego Luciani ya presentó un listado de bienes a ser ejecutados: entre ellos, veinte inmuebles de Cristina Kirchner y 89 propiedades de Lázaro Báez.
De este modo, el fallo de Casación despeja el camino para que la Justicia proceda a la ejecución de bienes de la expresidenta y los demás condenados en una de las causas más emblemáticas de corrupción de las últimas décadas en la Argentina.