Si el gobierno de EEUU prestará dinero al gobierno argentino sin la aprobación del Congreso argentino, podría considerarse ilegal según la legislación argentina. La Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública establece que cualquier programa de financiamiento con organismos internacionales, incluido el FMI, requiere una ley del Congreso que lo apruebe expresamente
En este contexto, si el gobierno argentino asumiera una deuda sin cumplir con este requisito, podrían surgir varias consecuencias legales.
El decreto será considerado inconstitucional por no cumplir con los requisitos legales establecidos. El Congreso seguramente rechazara el decreto, lo que implicaría la nulidad del acuerdo y así la deuda contraída podría considerarse ilegítima, lo que va a generar generar problemas para su pago y reconocimiento internacional.
La falta de transparencia y el incumplimiento de la legislación dañaran la credibilidad del gobierno argentino ante la comunidad internacional y los inversores.
En cuanto al Derecho Internacional, la legalidad del préstamo se va a evaluar según los términos del acuerdo y la legislación argentina. Si el préstamo se considera válido por parte del Congreso según ésta ley argentina, es probable que sea reconocido internacionalmente. Sin embargo, si se determina que el préstamo es ilegal, podría generar disputas y complicaciones en su ejecución.
En la situación actual con el FMI, el gobierno argentino utilizó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para aprobar el acuerdo, lo que ha generado debate sobre su constitucionalidad y legitimidad. Con el préstamo directo del Tesoro de los EEUU, sería peor aún y va a profundizar la crisis política actual.