El Decreto 682/2025, publicado el 22 de septiembre, abrió una ventana fugaz pero millonaria: el Gobierno eliminó hasta el 31 de octubre las retenciones a granos y subproductos, o hasta alcanzar los USD 7.000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). El resultado fue inmediato; en apenas 48 horas, las principales cerealeras coparon el cupo y se llevaron una ganancia extraordinaria que ronda los 1.500 millones de dólares.
- Retenciones cero abandonó el grupo
La medida, impulsada por el equipo del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, para acelerar la llegada de dólares frescos tras jornadas históricas de liquidación, terminó teniendo un efecto inesperado: un costo fiscal millonario.
Las grandes cerealeras aprovecharon la ventana abierta por el decreto para declarar embarques de granos que ya tenían en stock -comprados a productores con retenciones descontadas- y venderlos al exterior sin pagar un solo peso de derechos de exportación. Ni el Estado ni los productores percibieron un centavo de esa diferencia, que quedó íntegramente en manos de un puñado de empresas.
Estas son las cerealeras que se beneficiaron
Los grandes beneficiarios del decreto fueron las principales multinacionales y exportadoras de granos que dominan el comercio mundial. Bunge, hoy parte de un grupo de agronegocios con sede en St. Louis, Estados Unidos, lideró con volúmenes que duplicaron a sus competidores.
Le siguió Louis Dreyfus Company (LDC), la histórica firma francesa de la familia Louis-Dreyfus, y la china COFCO, que aseguró posiciones estratégicas en soja y maíz.
También participaron Cargill, propiedad mayoritaria de la familia estadounidense Cargill-MacMillan; ADM (Archer Daniels Midland), otra de las grandes multinacionales estadounidenses; la argentina Aceitera General Deheza (AGD), de la familia Urquía; y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
En conjunto, estas empresas concentran más del 70% del comercio agroexportador del país y fueron las primeras en anotarse para asegurarse las condiciones más favorables.
Para los analistas, la rapidez con la que declararon sus operaciones fue como una “carrera contra el tiempo”: registraron exportaciones sin siquiera tener los granos en su poder, confiando en comprarlos después a precios que incluían las retenciones.
Mientras ellos se aseguraban millones en ganancias, los productores, que pusieron la soja y el maíz sobre la mesa, quedaron al margen, y el Estado resignó recursos que podrían haber ingresado al Tesoro. La jugada muestra cómo, en pocas horas, un puñado de grandes jugadores puede mover miles de millones dejando atrás a quienes sostienen la cadena productiva.
El costo oculto del beneficio para pocos
La maniobra de las cerealeras dejó un saldo claro: el Estado resignó 1.500 millones de dólares en ingresos, mientras los productores quedaron al margen de la renta que generaron sus propios granos.
El decreto, presentado como un impulso para oxigenar al Banco Central con dólares frescos, terminó trasladando recursos millonarios a un puñado de multinacionales, dejando en evidencia quiénes realmente se beneficiaron de la medida.
El Gobierno todavía podría recurrir a la Ley Martínez Raymonda para revisar las DJVE y exigir que solo se consideren válidas aquellas operaciones respaldadas por mercadería ya comprada. Pero en el sector dudan que Milei y Caputo vayan a tomar esa decisión. Por ahora, los exportadores celebran: en apenas dos días transformaron la urgencia oficial en un picnic financiero a su favor, mientras productores y Estado siguen esperando señales de control y justicia económica.