Lina Marañón, hermana de Javier Marañón, uno de los dos españoles encarcelados en Malabo (Guinea Ecuatorial) desde enero de 2025, defiende la inocencia tanto de su hermano como de su compañero, «simples trabajadores sin conocimiento de las presuntas prácticas irregulares de las que se acusa a la empresa» y ajenos, por tanto, «a cualquier trama de corrupción«.
La familia de Javier Marañón vive en Peñarroya-Pueblonuevo, de donde él es originiario también y con el que pudieron compartir unos días las pasadas navidades en el pueblo, antes de su arresto en el país africano. Él es administrativo y trabaja desde hace 8 años para un grupo empresarial español, una de cuyas firmas está dedicada a la instalación de la TDT terrestre en Malabo.
Según el relato de su hermana, el pasado 22 de enero él y su compañero David Rodríguez, técnico de vídeo, asistieron a una reunión con el gobierno guineano en representación de los directivos de la empresa, que no acudieron. Tras esa reunión los llevaron a una gendarmería y les requisaron los móviles, dejándolos «retenidos allí sin ninguna explicación». Lina insiste en que su hermano «no es ejecutivo de la empresa, no tiene cargo ejecutivo y no tenía un cargo de responsabilidad, es solo un administrativo y a día de hoy no está acusado de nada«.
A punto de morir
Siempre según su relato, el 7 de abril lo llevaron a Black Beach, la cárcel de Malabo, mientras el gobierno guineano hacía una petición de búsqueda y captura del empresario responsable de la empresa. La pareja de Javier, Victoria, los visitaba al principio tres días por semana para llevarles comida, medicamentos, agua y accesorios de aseo personal. Pero desde hace cuatro meses les han restringido las visitas y cualquier tipo de comunicación con el exterior. «En esos meses Javier y David han sufrido diferentes enfermedades allí, castigos, faltas de respeto, etcétera, y han hecho conjuntamente dos huelgas de hambre y una última en la que solo ha participado Javier, que ha estado a punto de morir en la enfermería».
«Mi hermano Javier se quitó el suero y tras ello dejaron diez minutos entrar a su pareja para que lo convenciera porque estaba al borde de la muerte. Debido a su grave deterioro físico y mental, Javier ha perdido 20 kilos, lo que se une a su asma bronquial crónica, que se ha agravado en esta situación. Y desde hace tres semanas, además de la suspensión de las visitas, también los han castigado sin salir al patio«, añade Lina.
Desde el primer momento, la familia acudió al Gobierno español y a las embajadas de ambos países, así como a la Junta de Andalucía, al Defensor del Pueblo, a oenegés e incluso a la Casa Real y la ONU. «Todos estos organismos son conocedores del caso perfectamente» y, según comentaron a las familias, iban a hacer todas las gestiones posibles para mejorar sus condiciones en la cárcel y sacarlos cuanto antes, pero no han tenido ningún efecto positivo. Además, las familias también cuentan con abogados en España y en Guinea Ecuatorial intentando solventar el caso, «pero hay pocos avances«.
Petición de la Unión Europea
La última baza la han jugado en las instituciones de la UE, donde la Comisión Europea ha pedido esta misma semana «investigar en profundidad» la situación de los dos españoles.
Mientras tanto, «continuamos solicitando a la Embajada española en Guinea y al Gobierno español que actúen con rapidez para mejorar sus condiciones en prisión, cambiarlos a otro centro o a un arresto domiciliario y, por supuesto, recibir visitas y un médico urgente, porque la situación es de extrema gravedad. No queremos que en unos días nos den las condolencias, aún están a tiempo de poder hacer el máximo posible por ellos y salvarles la vida», afirman sus familiares.
Lina Marañón confía en que el 12 de octubre, que se celebra el Día de la Liberación de España en Guinea Ecuatorial, sea referencia para que los indulten o los liberen.
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