Odesa, el principal puerto ucraniano y una de las grandes urbes del país, vive una situación sin precedentes después de que el presidente Volodímir Zelenski firmara el martes un decreto que despoja de su nacionalidad ucraniana a su alcalde, Genadi Trujánov, por tener pasaporte ruso y anunciar la creación de una gestora militar para gobernar en su lugar el municipio.
Trujánov ha declarado que no salió ni una sola vez de Ucrania en 2015 ni en 2016. El pasaporte ruso a su nombre del que ha publicado fotografías el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) fue emitido en la Federación Rusa en diciembre de 2015. Trujánov ha denunciado que el documento publicado contiene errores y es «una falsificación clara» y ha adelantado que acudirá a la justicia ucraniana y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si es necesario.
El diputado por Odesa Oleksí Goncharenko, del principal partido de la oposición, ha denunciado la medida como un intento de Zelenski de intimidar a sus rivales políticos de cara a las elecciones que habrán de celebrarse cuando termine la guerra con Rusia. Goncharenko ha sugerido que Zelenski quiere controlar la enorme fuente de ingresos que para Ucrania es el puerto de Odesa apartando del poder a un político que no es de su cuerda.
La explicación de Zelenski
«Odesa merece mejor protección y más apoyo. Esto puede hacerse en el formato de una administración militar. Demasiados problemas de seguridad en Odesa han quedado sin respuesta por demasiado tiempo. Se tomarán todas las decisiones efectivas. Nombraré pronto al jefe de la administración militar», dijo Zelenski en su discurso a la nación de anoche.
En un decreto publicado este miércoles en la página web presidencial se nombra al actual jefe de la administración militar de la región de Dnipropetrovsk, Serguí Lisak, como jefe de la administración militar creada para gobernar la ciudad de Odesa.
El presidente no mencionó al alcalde de Odesa, Trujánov, ni la decisión, anunciada también de forma ambigua y fragmentada horas antes, de que dejaba de ser ciudadano ucraniano y quedaba por tanto descalificado para ejercer su cargo de edil.
La primera indicación de la medida contra Trujánov -una figura independiente y polémica asociada por muchos a la corrupción de la vieja élite prorrusa que atribuye la medida a una persecución política- la dio el propio Zelenski en un mensaje publicado en sus redes sociales tras reunirse con el jefe del Servicio Secreto de Ucrania (SBU).
Zelenski dijo, sin dar nombres, haber establecido con el SBU «el hecho de que algunos individuos tienen pasaporte ruso». «Se han preparado las decisiones correspondientes. He firmado el decreto», agregó.
Poco después, el SBU confirmaba que uno de los afectados por la medida era el alcalde de Odesa. Su supuesto pasaporte ruso fue publicado junto al comunicado. El documento habría sido emitido en diciembre de 2015 por un período de diez años.
La ley ucraniana prohíbe tener la nacionalidad del país agresor.
Auditorías y peticiones públicas
Zelenski le quitó a Trujánov su nacionalidad después de que una comisión oficial estudiara las pruebas presentadas por el SBU y recomendara actuar en ese sentido. La Comisión dictó su conclusión después de que una petición ciudadana iniciada para que Trujánov dejara de ser ciudadano ucraniano por tener también un pasaporte ruso alcanza las 25.000 firmas que obligan al presidente a responder a este tipo de solicitudes ciudadanas.
Aunque la exclusión de la vida pública de Trujánov se ha tomado porque tenía supuestamente un pasaporte ruso, los comentarios de Zelenski tras conocerse la medida subrayan la necesidad de mejorar el gobierno de Odesa.
Zelenski ya pidió el pasado 1 de octubre una auditoría sobre el estado de la ciudad después de que nueve personas murieran allí debido a las fuertes lluvias. Otra petición ciudadana iniciada el 24 de septiembre pedía al presidente el establecimiento de una administración militar en este puerto de mar para garantizar los servicios y la protección a los ciudadanos.
Alcaldes opositores como el de Kiev reprochan a Zelenski haber aprovechado la ley marcial en vigor en el país desde el comienzo de la guerra para asumir poderes que corresponden a las autoridades locales.