El empresario venezolano Leopoldo Alejandro Betancourt, que fue detenido en septiembre pasado durante unas horas por orden del juez del juez Santiago Pedraz, que le investiga en una causa secreta, ha seguido la estela del magnate de la comunicación de Venezuela Raúl Antonio Gorrín y ha argumentado ante la Audiencia Nacional que la Justicia del país gobernado por Nicolás Maduro ya le había exhonerado por los mismos hechos.
Esta defensa de Gorrín convenció a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, pese a que fue duramente criticada por la Fiscalía Anticorrupción, pues puso en evidencia «la falta de independencia del sistema judicial en Venezuela«, una situación que «ha sido ampliamente documentada y denunciada por organismos internacionales», «tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano».
Pese a estas dudas sobre la independencia de la justicia de Venezuela, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el caso de Raúl Gorrín, confirmó el pasado 15 de septiembre, como adelantó La Razón, la decisión que había adoptado la jueza Tardón de archivar la causa contra este magnate de la comunicación.
«Relevancia» a la decisión bolivariana
La magistrada otorgó «relevancia al sobreseimiento dictado por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en funciones de Control Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 16-9-2020, en relación con operaciones crediticias que, según el informe policial español, constituían el delito antecedente de una posterior actividad de blanqueo de capitales cometida en España», recuerda la sentencia, a la que ha tenido acceso esta redacción.
En este sentido, los magistrados destacan que en el recurso de la defensa de Gorrín en el que este solicitaba el sobreseimiento «se acompaña del testimonio de una resolución dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en funciones de Control Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 16-9-2020, que decreta el sobreseimiento de la causa en relación con el mismo y otros dos implicados».
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional destaca, además, que este documento no es una «mera copia informal aportada por una parte, sino de una copia debidamente testimoniada y bastanteada con la Apostilla de la Convención de La Haya, que certifica su existencia.
La justicia de Caracas refrendó a Maduro
Pero una prueba de la falta de independencia de la Justicia venezolana, explican las fuentes consultadas, es que en agosto de 2024 la máxima instancia judicial, una prolongación política del Palacio de Miraflores vestida con togas, ratificó su «competencia» para certificar «de manera irrestricta e inequívoca» los resultados difundidos por el régimen bolivariano.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) refrendó el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) del país sudamericano que, sin presentar las actas, le dio la victoria a Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio de 2024.
En el caso de Gorrín, la Fiscalía lamentó que la decisión de archivar se produjera cuando seguía «pendiente la cumplimentación de la Comisión Rogatoria Internacional librada a Venezuela; la recepción de los informes policiales ya acordados […] y la valoración de inteligencia financiera ya pedida y que ha sido cumplimentada respecto de las Órdenes Europeas de Investigación remitidas a Estonia, Letonia, Luxemburgo y Republica Checa».
Un castillo en Toledo
Entre las propiedades de Betancourt que fueron registradas en España por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en la pieza secreta que instruye Pedraz, destaca el Castillo de Alamín, en Toledo, que fue propiedad del expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán. Según informó el diario digital venezolano en el exilio El Pitazo, Betancourt formaría parte de los empresarios denominados en el país sudamericano como «bolichicos», que «sin experiencia en el tema eléctrico fundaron Derwick Associates hace una década y obtuvieron miles de millones de dólares en contratos gubernamentales para la construcción de nuevas plantas de generación eléctrica».
Los cálculos de la ONG Transparencia Venezuela en el Exilio consideran que los contratos abonados por el Gobierno de Hugo Chávez habrían superado «los 2.900 millones de dólares«, unos 2.500 millones de euros.
Nervis G. Villalobos
De forma paralela, el juez Pedraz ordenó el registro, a raíz de una comisión rogatoria procedente de la Fiscalía de Suiza, de las propiedades del exviceministro de Energía venezolano Nervis G. Villalobos.
Según un informe policial, Villalobos habría entregado en un banco de Andorra «un contrato firmado por su esposa, por el que la sociedad Ingespre ayudaría a Derwick [Alejandro Betancourt] a conseguir adjudicaciones con empresas públicas venezolanas dentro del sector energético. Hecho que finalmente se dio, ya que Derwick obtuvo en el periodo de estas transferencias varios contratos con la empresa pública venezolana EDC«, mantiene el documento.
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