El Gobierno lleva meses sufriendo los vetos cruzados entre sus socios. Hasta el punto de que el Ejecutivo de coalición se ha visto obligado a pisar el freno en su agenda legislativa para evitar derrotas en el Congreso. No obstante, hay momentos -los que menos- en los que todos los aliados coinciden en alguna medida y logran un acuerdo con el Gobierno. Entonces, la disputa es otra, ¿quién se lleva el mérito? En las últimas semanas, el proyecto de ley de Atención a la Clientela ha sido objeto de una de esas luchas: Junts, EH Bildu y el BNG han reivindicado ser, cada uno de ellos, el garante del uso de las lenguas cooficiales a la hora de comunicarse con las grandes empresas.
Con el bloque de la investidura dando muestras de su inestabilidad, no solo por los habituales desplantes de Junts o de Podemos, sino por las malas relaciones entre algunos de los socios, la mayoría que hizo presidente de Pedro Sánchez parece dispuesta a unirse en torno a una de las primeras decisiones de la legislatura, el impulso al catalán, al euskera y al galego. En 2023 blindaron su uso en el Congreso y ahora proponen que las grandes compañías que operan en comunidades con una lengua cooficial tengan que atender a los clientes en esta lengua si así se requiere.
Fue Junts quien, a mediados de septiembre, se arrogó un primer acuerdo con el Gobierno para introducir varias enmiendas que había presentado al proyecto de ley de Atención a la Clientela para «asegurar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán por parte de las empresas» que ofrezcan servicios básicos de interés general, que tengan más de 250 trabajadores o facturen más de 50 millones al año y operen en alguna comunidad que tenga reconocida una lengua cooficial.
La disputa
Los posconvergentes reivindicaron entonces el haber introducido un cambio en la norma que obligaba a estas empresas a dar «formación específica previa en idiomas oficiales» a sus trabajadores con el objetivo de «garantizar los derechos lingüísticos». Aquel éxito que vendieron como propio se ratificó esta semana en la comisión de Consumo del Congreso, donde se han introducido muchas de las enmiendas presentadas por los grupos, y resulta que estas modificaciones están también firmadas por el BNG y ERC.
Este mismo jueves, fue el Bloque Nacionalista Galego quien hizo lo propio asegurando que han logrado «incorporar el respeto a los derechos lingüísticos» en la norma. Unos cambios que, según defendió el diputado y portavoz del partido, Nestor Rego, fueron pactados con el Ejecutivo y aseguran que «los servicios de atención a la clientela dispongan de los medios humanos, técnicos y organizativos necesarios para garantizar el uso de las lenguas oficiales del Estado».
Las mismas enmiendas que defienden Junts y el BNG como propias aparecen firmadas en el informe de la norma por los dos partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, y por una quinta formación, ERC. Los republicanos catalanes han sido los únicos que han mantenido silencio en torno a la tramitación de la ley, pero fuentes parlamentarias explican que llegaron a un acuerdo con el Ejecutivo hace semanas y que Junts se adelantó para presentarlo como un éxito suyo.
La enmienda determinante
Sin embargo, las modificaciones más esclarecedoras son las que negoció EH Bildu con el Ejecutivo y que no llevan las firmas de otros partidos. Una de estas enmiendas establece que «se asegurará la atención en el idioma oficial que se solicite, siempre y cuando la empresa preste servicios en aquellas comunidades autónomas que disponen de lengua oficial diferente al castellano y la lengua utilizada sea oficial en dicha comunidad autónoma».
Es decir, un vasco podrá dirigirse a una gran empresa en euskera siempre y cuando viva en el País Vasco o en Navarra, donde también es oficial, y la compañía preste servicio en estos territorios. Esto es extrapolable a Catalunya, Baleares y Comunitat Valenciana con el catalán y a Galicia con el galego. «Un paso muy importante que asegurará que los derechos lingüísticos de la ciudadanía se respeten en un nuevo e importante ámbito como las relaciones con las empresas», reivindicó EH Bildu en un comunicado.
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