Se puede elegir a Sherlock Holmes para seguir los rastros del principal perseguidor judicial de Álvaro García Ortíz, en octubre de 2024, el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que ha recibido desde mediados de julio la solicitud del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para que se abra causa contra el aforado. O se puede seguir el modelo de Las babas del diablo, el cuento en el que Julio Cortázar recorta un fragmento de la realidad que sirve de apertura hacia algo que trasciende la anécdota visual o literaria.
Que el caso de los correos se ha convertido en las babas del diablo, o, si prefiere, los hilos de la virgen, para describir la niebla matutina o las finas telarañas que vuelan con el viento, no cabe duda, después de las tres sesiones de la vista que se reanudará la semana próxima.
Empecemos por la opción de Sherlock Holmes tras los pasos de Manuel Marchena.
El martes 12 de marzo de 2024, eldiario.es publicó la exclusiva de que la Agencia Tributaria había abierto un expediente contra la empresa Maxwell Cremona, propiedad de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos fiscales en los ejercicios de 2020 y 2021 por valor de 350.961 euros.
“Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso desde 2021, con quien reside en el centro de Madrid, defraudó a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021 valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla”, decía la información, publicada a las 06.01 hs de la mañana del 12 de marzo.
Esa misma tarde, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre las 17:30 horas, en los pasillos del Senado, declaró lo siguiente.
– “Yo diría, en primer lugar, que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si, efectivamente, como se ha publicado en medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país…”
La información aludida por la ministra, ¿mencionaba que se trataba de “comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país?
No había referencia alguna a un contrato de mascarillas. ¿Cómo lo sabía la ministra de Hacienda, habida cuenta de que el expediente filtrado era precisamente un informe de la inspección de la Agencia Tributaria que había sido cursado a la Fiscalía para formalizar una denuncia por fraude fiscal ante los juzgados de Madrid?
Eldiario.es, una vez que la ministra precisó que se trataba de un contrato de venta de mascarillas, actualizó su noticia.
“El fraude fiscal por el que está acusado Alberto González Amador tuvo su origen en comisiones de dos millones de euros que la pareja de la presidenta de Madrid cobró por mediar en la compraventa de material sanitario durante los peores meses de la pandemia”, señala una nueva información, publicada a las 21:37, cuatro horas después de las declaraciones de María Jesús Montero.
Dos asociaciones de derechas presentaron el 20 y 24 de marzo, respectivamente, sendas querellas contra la ministra de Hacienda por presunto delito de revelación de secretos y delitos de infidelidad en la custodia de documentos. La referencia a las mascarillas que había hecho la ministra había sido una información aportada por ella, ajena a la información publicada.
El 15 de octubre de 2024, la Sala de Admisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo, presidida por Marchena, decidió abrir causa https://www.elperiodico.com/es/politica/20251104/escandalo-hemos-descubierto-filtra-123361577 contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, por posible revelación de secreto al difundirse un correo del 2 de febrero de 2024 del abogado de González –Carlos Neira– y el fiscal de delitos económicos Julián Salto en el que el empresario reconocía haber cometido dos delitos fiscales.
Los lectores dirán por qué se hace hincapié en Marchena como el perseguidor. Porque la ponente de ese auto de admisión, Susana Polo, hizo saber que en principio ella no estaba de acuerdo con abrir causa. Porque lo que pedía el TSJM era considerar ilegal una nota informativa. Pero Polo aclaró a varios interlocutores – a los que ha tenido acceso El Periódico- que Marchena la persuadió de que el tema girase en torno al correo filtrado y se dejara la nota informativa fuera de la investigación.
Una semana después de esa admisión, la misma Sala de Admisión (integrada por los mismos Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela) resolvió rechazar las dos querellas contra la ministra de Hacienda. En este caso, la ponente fue Carmen Lamela.
La Sala rechaza este 22 de octubre ambas querellas (Asociación Liberum y Fundación Foro Libertad y Alternativa), según las cuales la información de las mascarillas-ausente en la noticia inicial- suponía haber utilizado datos personales prevaliéndose de su cargo de ministra de Hacienda.
Pero, oh sorpresa, ni Marchena, ni la ponente, Lamela, encontraron novedad alguna en las declaraciones de Montero. Y sobre todo, es llamativo que después de haber sentado al fiscal general del Estado en el banquillo como imputado una semana antes por revelación de secreto, ahora este 22 de octubre, Marchena, asumiendo el informe de la fiscalía, decidía que “los datos ya habían trascendido a terceros y se habían hecho públicos, por lo que ningún dato o información pudo revelar que debieran permanecer secretos…Ningún dato personal y reservado reveló [la ministra] del señor González Amador”.
Todo lo que sucedió a continuación no se explica sin este prólogo. Es decir: la estrategia de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso y, también, amigo de González Amador, en respuesta a la filtración del expediente de Hacienda.
¿Por qué perdonó Marchena a Montero ya que fue evidente que el dato de las mascarillas no había sido hecho público? ¿Para concentrarse en el fiscal general del Estado?
Los correos suponen recortar un fragmento de la realidad que sirve de apertura hacia algo que trasciende la anécdota visual o literaria, que diría Cortázar en su cuento preferido.
Para Marchena, provocar la dimisión -fallida- del fiscal general del Estado. Y, ahora, en una situacion que era imprevisible -nadie suponía que Álvaro Garcia Ortíz resistiría en su puesto- buscar su condena.
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