En un fallo sin antecedentes, el Juzgado de Primera Instancia de la Primera Nominación de Córdoba Capital dispuso el embargo de fondos coparticipables pertenecientes a la Municipalidad de Cosquín por un monto estimado en 160 millones de pesos mensuales. La decisión judicial complica gravemente la estabilidad financiera del municipio y amenaza con paralizar servicios esenciales.
El intendente Raúl Cardinali alertó que la medida “compromete la planificación de mediano y largo plazo, el inicio de obras previstas y la capacidad de enfrentar imprevistos sin afectar la calidad de vida de los habitantes”. Si el municipio debe destinar esos fondos al pago de deuda, se verían afectados sectores claves como educación, cultura, salud, obras públicas, protección ambiental y la asistencia alimentaria en comedores barriales.
El conflicto tiene origen en dos procesos judiciales. El primero, “Vedant S.A. c/ Municipalidad de Cosquín – P.V.E. – Otros Títulos – Expte. N.º 3820479”, impulsado por un grupo financiero que compró derechos de deuda y reclama el pago de más de 5.553 millones de pesos entre capital e intereses. El demandante, representado por el abogado Ricardo Biasotti, exige el cumplimiento de una obligación contraída por una gestión anterior y nunca convalidada por el Concejo Deliberante.
El segundo expediente, “Díaz Yofre, Andrés c/ Municipalidad de Cosquín – P.V.E. – Otros Títulos – Expte. N.º 3820486”, corresponde al abogado del grupo financiero, que reclama el pago de honorarios. En este caso, el juez ordenó el embargo del 33% de los fondos coparticipables, declarando inconstitucionales las normas que los consideran inembargables, tanto nacionales como provinciales.
Cardinali recordó que el origen de la deuda se remonta a hace más de dos décadas, cuando una financiera habría otorgado préstamos a empleados municipales y los descuentos no se habrían transferido correctamente a la entidad acreedora. “Un fallo de estas características, multimillonario, lo único que hace es engordar las cuentas de un grupo especulador, mientras a los vecinos les da un golpe mortal. Nosotros ordenamos las cuentas y honramos las deudas, pero la desproporción de este caso no nos deja margen”, expresó el intendente.
El municipio ya interpuso acciones judiciales para frenar el embargo y pedir la nulidad de los reclamos, aunque aún no se resolvieron en la Justicia.