Seis años después de publicarse el último, el nuevo informe de la Fundación Foessa sobre exclusión y desarrollo social en España ha puesto el dedo en la llaga con su mirada a la realidad. Frente al triunfalismo de las cifras oficiales y las estadísticas del éxito, alerta en sus 700 páginas que no es oro todo lo que reluce. Realizado por un equipo de 140 investigadores procedentes de 51 universidades, centros de investigación y fundaciones, combinando fuentes oficiales y datos propios sobre el terreno de miles de familias, advierte de la precariedad creciente y el aumento de la pobreza.
La exclusión severa ha crecido en los últimos 20 años más de un 50 % alcanzando a 4 millones de personas, con un aumento significativo respecto de los menores de 30 años, que no pueden acceder a la vivienda ni independizarse, mientras subsisten con empleos precarios y empeoran sus condiciones de vida. Se va reduciendo la clase media en nuestro país, aumentándose los estratos inferiores. La falta de vivienda es uno de los principales agentes del riesgo de pobreza como nuevo factor. No es un fenómeno natural ni causado necesariamente por el mercado, ni de falta de suelo ni provocado por el valor del material constructivo. Ni porque no existan empresas públicas de vivienda en nuestro país, donde hay muchísimas. Es un problema fruto de la incompetencia pública que, de un lado, ha creado una regulación y burocracia ajenas a la realidad, y de otro por la ineficacia en la gestión de los recursos. Ello lleva, por ejemplo, a que la media del parque de viviendas en alquiler social en Europa esté 20 veces por encima del nuestro. También ellos tienen economía de mercado.
Según esta Fundación creada por Cáritas hace 60 años, la precariedad es estructural y se convierte en factor multiplicador según el origen familiar: los hijos de personas con bajo nivel educativo tienen más del doble de probabilidades de caer en situaciones de pobreza que los de progenitores altamente formados. A lo que se suman los problemas de aislamiento de personas en exclusión. O sanitarios, pues la el 6% de las familias más vulnerables que tenían una enfermedad grave no recibió atención médica el año pasado. Qué útil y oportuno sería un «anuario social» de nuestra provincia, que recogiera una radiografía en materias de atención sanitaria, tasas de abandono escolar, plazas residenciales, dependencia, viviendas sociales, tipos de rentas, integración de colectivos vulnerables, desempleo, y otros indicativos, contrastando las cifras con la voz de las entidades como se hizo por la Defensoría Ciudadana en el año 2010, en su informe con motivo del año europeo contra la pobreza.
En lugar de caminar hacia un colapso social, Foessa recoge 85 propuestas concretas con capacidad para traducirse en políticas de intervención diferenciadas por ámbitos en empleo, vivienda, garantía de ingresos, educación, salud, alimentación, familia y cuidados, lucha contra la discriminación, igualdad de género, transición energética, entre otros, que deberían centrar el debate público y las propuestas de nuestros representantes que, desgraciadamente, se encuentran mucho más ocupados en el regate cortoplacista frente al adversario político y en los resultados demoscópicos que en lograr consensos razonables y solventar problemas reales con un cambio de paradigma que construya una sociedad más integrada y mejor articulada. Para hacérnoslo mirar.
*Abogado y mediador