El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios del Ejecutivo central al considerarlo «arbitrario» y por «vulnerar» las competencias autonómicas.
El Consejo de Gobierno tiene previsto recibir este miércoles un informe sobre las acciones legales emprendidas por la Abogacía General regional contra esta norma que «limita injustificadamente» la libertad de empresa y de creación de centros educativos reconocidas en la Constitución Española, según han avanzado fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades a Europa Press.
Asimismo, desde el Ejecutivo autonómico consideran que este real decreto va contra la seguridad jurídica y que ha sido elaborado «sin ningún tipo de negociación o consenso«. El recurso sostiene que el artículo 27 de la Carta Magna reconoce a las comunidades autónomas la capacidad de desarrollar y aplicar las leyes educativas en todos sus niveles y modalidades, mientras que el Estado «solo debe fijar la normativa básica».
«Sin embargo, este real decreto supera ese marco básico y deja muy poco margen a las regiones para regular por su cuenta. La norma estatal incorpora requisitos como exigir a los centros un mínimo de 4.500 estudiantes, que el Gobierno regional considera arbitrario, y que en ningún caso responden al pretendido interés por incrementar la calidad de las universidades españolas», han apuntado las mismas fuentes.
Consideran también que el proyecto ha sido tramitado «con opacidad, sin consulta pública previa y sin contar con las comunidades autónomas». En este punto, han precisado que el procedimiento para la constitución de nuevas universidades y centros universitarios de la Comunidad de Madrid establece controles «muy rigurosos» que garantizan la «excelencia» de los proyectos aprobados.
Asimismo, desde la Consejería que lidera Emilio Viciana han defendido que la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia en la que están trabajando «incorporará mejoras» a estos trámites «siempre en el marco de las competencias regionales».