«Fue un placer, además pueden decir que les he dado la conferencia entre deliberación y deliberación [de la sentencia del fiscal general del Estado]. Mañana [dia 20 de noviembre] seguimos. Tenemos deliberación, hemos dejado el fin de semana de reflexión”. Este es el comentario que hizo el magistrado Juan Ramón Berdugo el día miércoles 19 de noviembre pasado ante varias decenas de abogados de oficio que asistían a su curso en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), institución que fue la primera en querellarse contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La admisión a trámite de dicha querella en el juzgado 18 de Madrid fue transmitida enseguida, en mayo de 2024, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid(TSJM), que concedió en junio el estatus de acusación popular al ICAM, y en julio solicitó por exposición razonada la imputación del fiscal general del Estado a la Sala Penal del Tribunal Supremo por ser un asunto de su competencia.
La información aportada por el magistrado Berdugo el miércoles 19 debe ser complementada con el dato que desveló el día anterior, 18 de noviembre, el presidente del tribunal que enjuició al fiscal general del Estado: Andrés Martínez Arrieta. Al terminar también su curso en el ICAM -al que asistieron 60 abogados de oficio-, Martínez Arrieta dijo:
-Concluyo, que tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado.
Cuando hizo este comentario veníamos del fin de semana del 15 de noviembre. El sábado 15 de noviembre, este cronista recibió el wasap de una de sus fuentes a las 22:32 de la noche con el siguiente mensaje: «Lo van a condenar. Eso es lo que llega».
Más tarde esa misma fuente señaló que sería 5 magistrados contra 2. Este cronista no hizo uso de la información. Quiere decirse que, en efecto, como dijo Berdugo en el ICAM, el fin de semana anterior, el del sábado 15 de noviembre se había reflexionado. Y decidido.
La magistrada Susana Polo no apreció delito del 417.1 de revelación de datos reservados, la mayoría rechazó la ponencia y el presidente Martínez Arrieta resolvió que sería el mismo quien pondría la sentencia. El martes 18, Martínez Arrieta reveló un secreto de las deliberaciones en curso, a saber que el era el ponente cuando por turno era Susana Polo.
Esa revelación -las deliberaciones de los tribunales según el artículo 233 de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) son secretas- también da a entender que hubo un cambio del sentido de la ponencia, de absolutoria a condenatoria, que se produjo un cambio en la persona que «pondría» la ponencia. Faltaban el 18, pues, dos días para la votación formal de la ponencia del nuevo ponente, Martínez Arrieta.
El jueves 20 de noviembre- un día políticamente especial- Martínez Arrieta llevó a la deliberación su ponencia en la que se condenaba a García Ortiz por el delito del 417.1, a inhabilitación especial por dos años -el máximo previsto son tres- y excluyendo la modalidad «grave», que prevé pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres a cinco años.
Martínez Arrieta, según fuentes judiciales, unió con esta propuesta a los que estaban por condenar al fiscal general del Estado. Las magistradas Polo y Ana Ferrer anunciaron voto particular. El fallo fue anunciado, según se ha señalado, el 20 y se espera la sentencia la próxima semana.
En cuanto a la querella contra Martínez Arrieta, que el eurodiputado Jaume Asens ampliará la semana próxima, por revelación de datos reservados, será rechazada. La Sala del 61, que preside la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, tiene la competencia para enjuiciar a un presidente de Sala del Supremo. Se nombrará a un ponente y se votará. «Todos compañeros. Nadie se atreverá a insinuar siquiera la posibilidad de que se admita a trámite», señaló una fuente judicial. Ni siquiera paripé.
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