Canarias cierra 2025 marcado por una crisis migratoria sin tregua, con tragedias constantes y un creciente conflicto político sobre la gestión de los menores. La ruta atlántica -la más mortal del mundo- siguió cobrándose vidas. Apenas unos días después de comenzar el año, 50 personas murieron en aguas marroquíes a bordo de un cayuco cuyo rescate por parte de Rabat se demoró seis días. Las muertes no cesaron y en febrero fue localizado en el Caribe un cayuco con 19 fallecidos.
Lejos de poner fin a la sucesión de tragedias, en agosto se produjo la que hasta ahora ha sido la mayor catástrofe migratoria en la ruta atlántica: 143 personas murieron en su intento de llegar a Canarias a bordo de una patera que había partido desde Mauritania. El drama también golpeó a los más vulnerables, incluso cuando ya se encontraban a punto de alcanzar su destino. Tres niñas y cuatro mujeres murieron tras volcar un cayuco frente a El Hierro.
El pulso político por la gestión migratoria
La agenda política también estuvo marcada por la migración. Canarias recibe solo 8 de cada 100 euros procedentes de la Unión Europea para atender a 73 de cada 100 migrantes que llegan a España. Una situación que levantó ampollas en el Ejecutivo regional. El presidente Fernando Clavijo y el Partido Popular canario criticaron el reparto que realiza Madrid de estos fondos. Aunque el PP endureció su discurso en materia migratoria -algo que encendió las alarmas en Coalición Canaria, que siempre ha defendido la reubicación de los menores-, el acuerdo entre ambas formaciones logró sobrevivir. Lo hizo incluso después de que echara a andar -no sin dificultades-, el reparto de chicos no acompañados avalado por real decreto.
Mientras el Ejecutivo presidido por Clavijo acusó en numerosas ocasiones al Estado de incumplir con Canarias, desde el Gobierno central se señaló a las comunidades del PP por su resistencia a acoger a los chicos. Una batalla política de alto nivel en la que intervino el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal obligó al Estado a asumir la atención de más de un millar de menores solicitantes de asilo. Aquel auto no fue el último. Le siguieron otros tres, a modo de reproche al Estado por el trato dispensado a los niños.
ONG, detenciones y cambio de tendencia
La tensión entre administraciones se enmarcó además en un contexto delicado para las Islas. Nueve trabajadores de un centro gestionado por Quorum 77 -una de las ONG que más fondos para la atención de menores recibe- fueron detenidos. Tras un periodo de cifras récord -con un aumento del 17,2% de llegadas en 2024 y después de que las grabaciones del caso Koldo revelasen que Marruecos impulsó la oleada migratoria en plena pandemia-, 2025 registró un descenso sin precedentes. Las administraciones lo atribuyen a la cooperación con países de origen como Mauritania, mientras que organizaciones internacionales acusan a España de aplicar una política de externalización de fronteras marcada por presuntos abusos, incluida la apertura de centros de detención para migrantes en territorio mauritano.
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