El Gobierno nacional oficializó este viernes una reestructuración integral de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que amplía sus funciones y responsabilidades, refuerza el carácter encubierto de sus tareas y autoriza a los organismos de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia, dando aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.
La medida fue dispuesta a través del decreto 941/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete. Según se detalla en el texto, la reforma apunta a “centralizar, modernizar y reordenar” el sistema de inteligencia nacional mediante la modificación de la Ley 25.520.
El decreto ratifica a la SIDE como órgano superior y rector del sistema, que quedará integrada por el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) y la Inspectoría General de Inteligencia, todos con autonomía técnica y funcional, pero bajo la conducción política del titular del organismo, que continuará a cargo de Cristian Auguadra y Diego Kravetz.
Entre los cambios, se establece que la ex Agencia de Seguridad Nacional pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, con la misión de prevenir y detectar amenazas estratégicas internas, y se amplía el concepto de contrainteligencia, incorporando medidas pasivas obligatorias para todo el sector público.
En materia tecnológica, el Gobierno diferencia ciberseguridad de ciberinteligencia y anuncia la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que actuará como autoridad nacional en la materia. La SIDE, además, concentrará la aprobación y control de los presupuestos de inteligencia, la supervisión de gastos reservados y podrá requerir información a organismos nacionales, provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Otro punto central es la conformación de dos espacios de articulación: la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), integrada por organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y la UIF; y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), compuesta por ministerios y organismos civiles que aportarán información estratégica sin realizar tareas de inteligencia.
La reforma también alcanza a la inteligencia militar, con la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y el traspaso de funciones al Estado Mayor Conjunto, con el objetivo de evitar superposiciones.
Uno de los aspectos más controvertidos del decreto es la autorización para que los organismos de inteligencia brinden su propia seguridad, repelan agresiones y aprehendan personas en flagrancia, lo que generó cuestionamientos y rechazo en sectores de la oposición. No obstante, el Gobierno reafirmó la prohibición expresa de realizar espionaje por motivos ideológicos, políticos, religiosos o para influir en partidos, medios u opinión pública.
El decreto entró en vigencia con su publicación y deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme lo establece la Ley 26.122, en un contexto de fuerte debate sobre el alcance y los controles del nuevo esquema de inteligencia nacional.