El reciente DNU con el que Javier Milei reestructura el Sistema de Inteligencia Nacional es, antes que una reforma técnica, una inadmisible delegación de poder absoluto en la SIDE, en abierta contradicción con la Constitución.
Ningún Presidente puede, por decreto, alterar el diseño institucional que garantiza controles democráticos. Mucho menos otorgar a agentes encubiertos facultades de detención, una potestad que solo las leyes pueden regular y que debe ser ejercida por fuerzas de seguridad sujetas a control judicial.
El DNU 941/2025 invade competencias del Congreso, modifica funciones sensibles del Estado y crea un esquema de inteligencia con poder operativo, secreto y sin contrapesos. Esto no es modernización: es una arquitectura perfecta para el abuso.
La posibilidad de “aprehender personas” durante actividades de inteligencia rompe el principio básico del Estado de derecho: nadie puede ser detenido por un órgano que no es policial ni tiene mandato público visible.
Los legisladores no pueden ser espectadores. Están obligados a rechazar este DNU porque viola la división de poderes y reinstala una lógica de “enemigo interno” históricamente repudiada. Y los jueces deben actuar con la misma firmeza: declarar la nulidad de una norma que pretende colocar a la SIDE por encima de la ley.
La democracia no se defiende sola.
Se defiende frenando los avances autoritarios antes de que sea demasiado tarde.