El Gobierno de Córdoba anunció un acuerdo estratégico entre el Ministerio de Educación y la Agencia Córdoba Deportes que busca proteger las trayectorias escolares de las y los estudiantes que practican deportes federados o de alto rendimiento, permitiéndoles cumplir con sus compromisos competitivos sin perder la regularidad escolar.
El eje central de la medida es que ningún joven cordobés deba verse en la obligación de elegir entre sus estudios secundarios y su carrera deportiva, otorgándole regímenes especiales para estos deportistas.
La nueva normativa establece que las inasistencias derivadas de entrenamientos, concentraciones o competencias oficiales serán justificadas, siempre que se presente la certificación correspondiente de la federación o club. Asimismo, las instituciones educativas quedan facultadas para implementar esquemas de horarios adaptados, evaluaciones personalizadas y modalidades de enseñanza apoyadas en tecnologías digitales.
Según indicó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó que “esta decisión expresa una convicción profunda del Gobierno de Córdoba: ningún joven debe elegir entre estudiar y desarrollarse en el deporte. Acompañar las trayectorias educativas de nuestros estudiantes deportistas es cuidar derechos, reconocer esfuerzos y garantizar que la escuela esté presente en todas las realidades”.
Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, señaló: “Desde el deporte sabemos lo que implica entrenar, competir y representar a la provincia. Este trabajo conjunto con el Ministerio de Educación permite que nuestros jóvenes puedan proyectar su futuro deportivo sin perder el vínculo con la escuela, algo fundamental para su desarrollo integral”.
Para operativizar estas medidas, se creará un registro provincial de estudiantes deportistas, lo que facilitará un trabajo coordinado entre el Estado, los clubes y las familias. En situaciones de alta exigencia, incluso se prevé la posibilidad de transitar hacia otras ofertas del sistema educativo provincial para asegurar que el derecho a la educación de calidad permanezca garantizado.