El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso a petición propia para aclarar las preguntas de los diputados sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) del pasado enero. Sánchez no ha aclarado grandes cuestiones, cómo el origen de la catástrofe -que todavía investiga la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)-, aunque ha remarcado el acuerdo alcanzado con los sindicatos este lunes. El Ejecutivo se comprometió a aumentar la inversión hasta un 20% anual en mantenimiento del sistema ferroviario español.
¿Qué se ha comprometido a hacer el Gobierno tras los accidentes de Adamuz y Gelida?
Pedro Sánchez ha tenido un recuerdo a las víctimas y sus familias y ha asumido que nada de lo que diga el Ejecutivo aliviará el dolor de las 46 personas fallecidas en Adamuz y el muerto en Gelida. A partir de ahí, ha fijado un triple compromiso: investigar “con rigor”, informar “con transparencia” y aplicar las medidas necesarias para evitar que una tragedia así se repita. El presidente del Gobierno ha asegurado, además, que cuando existan resultados concluyentes se harán públicos y se compartirán con el resto de administraciones públicas, evitando “especular” o “desinformar” durante el proceso.
¿Cómo ha defendido su gestión y qué explicación ha dado sobre el estado del servicio ferroviario?
Sánchez ha puesto el foco en dos planos. En la emergencia, ha destacado que el dispositivo de respuesta se activó “en cuestión de minutos” y ha agradecido a administraciones y servicios públicos su coordinación, insistiendo en que esa reacción contribuyó a salvar vidas.
En el plano técnico y de explotación diaria, ha insistido en que los protocolos existen y se aplican, pero ha admitido que “no son infalibles”. En su relato, las incidencias pueden deberse a múltiples factores como averías, obstáculos en la vía o meteorología, lo que obliga a reducciones temporales de velocidad o paradas puntuales para intervenir. Con ese argumento, ha tratado de separar dos debates: el del accidente —pendiente de conclusiones— y el de las incidencias cotidianas, que ha atribuido a un sistema que detecta problemas y actúa sobre ellos.
En cuanto a la reforma integral de la vía entre Madrid-Andalucía, Sánchez ha ahondado en la idea que lanzó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en su comparecencia en el Senado el pasado 29 de enero. El presidente ha remarcado que cuando se habla de reforma integral no significa que se cambien todos y cada uno de los elementos, desde el balasto a los raíles, sino aquellos que por razones técnicas y tras realizar tareas de supervisión se considera que deben cambiarse. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, una voz más que autorizada en este asunto, mostró su sorpresa en sus primeras apariciones públicas porque pensó que la renovación era de todos los elementos.
«En el tramo concreto del accidente se ejecutaron tres contratos: uno para la mejora integral de la infraestructura, otro para la renovación de los desvíos de Adamuz, y un tercero para la implantación del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario, con una inversión conjunta superior a 180 millones de euros. Quiero dejar algo muy claro: esta renovación se ha llevado a cabo conforme a los más altos estándares de calidad, por empresas punteras a nivel mundial, y ha superado todas las inspecciones técnicas exigidas por la normativa vigente», ha sentenciado Sánchez.
¿Qué cifras y mensajes usó para responder a las críticas y sostener que el sistema es seguro?
Sánchez ha asegurado que los accidentes ferroviarios “graves y significativos” han descendido un 11% desde 2018, pese a que el número de pasajeros habría aumentado en torno a un 15%, y vinculó esa evolución al incremento inversor en la red.
Sin embargo, el gasto en mantenimiento y renovación de las vías de alta velocidad en España queda por detrás de sus países de referencia en Europa, principalmente Francia, Italia y Alemania, en alta velocidad. De hecho, Sánchez ha reconocido que «es lícito preguntarse algo que nos podemos preguntar todos: si el nivel actual de inversión es suficiente».
España dedicó en 2023 (últimos datos homogéneos disponibles) al mantenimiento y la renovación unos 110.000 euros por kilómetros. La media europea es ligeramente inferior: de unos 90.000 euros por kilómetro. Alemania invirtió, en cifras aproximadas, 53.000 euros por kilómetro de vía en mantenimiento, y 134.000 en renovación, sumando un total de 187.000 euros por kilómetro, la mayor cifra de la estadística. Italia, por su parte, invirtió 49.000 euros en mantenimiento y 89.000 en renovación, con un total de 138.000 euros. Francia destinó fondos prácticamente por igual en ambas categorías: 61.000 euros en mantenimiento y 60.000 en renovación, con un total de 121.000 euros.
Por otro lado, ha pedido no “meter miedo” ni alimentar la idea de un sistema “decadente o inseguro”. Ha reivindicado que España sigue entre los países con mejor desempeño ferroviario y ha citado indicadores de fiabilidad y puntualidad atribuidos a informes europeos (según los datos que él mismo invocó en la Cámara). Ese marco, además, ha servido de munición en el choque con la oposición: Sánchez ha acusado a Feijóo de difundir “bulos”, mientras el líder del PP ha elevado el tono y ha cargado contra la responsabilidad del Gobierno.
¿Qué medidas concretas puso sobre la mesa y qué plazos manejó?
El presidente ha remarcado que el Gobierno trabaja en dos frentes tras el accidente de Adamuz: reparación y prevención. En prevención, ha destacado el acuerdo alcanzado por Transportes con los sindicatos para reforzar el mantenimiento y el empleo: 1.800 millones de euros extras para 2026–2030, lo que supone un incremento de la inversión del 20%, y 3.650 puestos de trabajo (entre Renfe, Adif y refuerzos en seguridad ferroviaria), presentado como una vía para mejorar fiabilidad y seguridad y, además, desactivar la huelga anunciada.
En reparación y apoyo a las víctimas, el Ejecutivo ha aprobado un marco de ayudas urgentes de 72.121,46 euros por cada persona fallecida como primer anticipo, que alcanzarán los 216.000 euros.
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