La causa judicial conocida como «Libra», que investiga presuntas ventas de acceso privilegiado al entorno del Presidente, enfrenta un nuevo capítulo procesal. Mauricio Novelli, el trader imputado en la investigación, presentó una solicitud formal para anular el peritaje realizado a sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos secuestrados. La defensa alega que hubo accesos no autorizados, filtraciones a medios de comunicación e incluso espionaje ilegal, lo que, según su postura, vicia las pruebas obtenidas.
Un argumento que replica declaraciones oficiales
Lo llamativo de la presentación legal es que los fundamentos esgrimidos por los abogados de Novelli reflejan casi textualmente los argumentos públicos que días atrás realizó el flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan Bautista Mahiques. El funcionario había cuestionado el manejo de las pruebas en este caso, sugiriendo irregularidades en el proceso. Esta coincidencia ha generado observaciones en el ámbito político y judicial, aunque desde el Gobierno no se ha realizado ningún comentario oficial al respecto.
La mirada de los expertos y la expectativa judicial
Especialistas en derecho procesal consultados por este medio consideran que el planteo de la defensa es de una complejidad inusual. «Solicitar la nulidad total de un peritaje por filtraciones es un argumento que deberá ser analizado con extremo rigor por el juez a cargo», explicó una fuente del ámbito jurídico. La decisión que tome la Justicia en las próximas semanas será clave para el futuro de la investigación. Una eventual aceptación de la nulidad podría descartar elementos probatorios centrales, mientras que su rechazo consolidaría la validez de las pruebas incautadas.
El telón de fondo político y el caso Adorni
Este desarrollo judicial ocurre en un contexto político donde otro caso, el del viaje en avión privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha acaparado gran parte de la atención mediática. En ese expediente, el bróker Agustín Issin declaró ante la Justicia y su testimonio habría desmentido la versión inicial ofrecida por Adorni sobre el pago del vuelo, según trascendió. Issin habría señalado que el desembolso lo realizó el empresario Marcelo Grandío, lo que luego derivó en un reembolso por parte de la familia del funcionario.
Mientras tanto, en el plano político, Adorni ha sido objeto de una serie de fotografías públicas junto a varios ministros del Gabinete nacional. Este movimiento es interpretado por algunos analistas como una muestra de apoyo interno en un momento de cuestionamientos, aunque otros lo ven como una estrategia de reposicionamiento ante eventuales disputas políticas futuras.
La transparencia como eje del debate
Ambos casos han reavivado el debate público sobre los estándares de transparencia en la gestión pública. Si bien el Gobierno ha enfatizado en numerosas oportunidades la importancia de la «moral como política de Estado», los hechos judiciales en curso ponen a prueba la aplicación concreta de esos principios. La resolución judicial sobre la petición de Novelli no solo tendrá implicancias legales, sino que también marcará un precedente sobre el manejo de pruebas en causas de alta sensibilidad política.
La sociedad cordobesa y argentina en general sigue con atención estos desarrollos, a la espera de que la Justicia actúe con la independencia y celeridad que el caso requiere. La credibilidad de las instituciones y la claridad en la administración de lo público están, una vez más, en el centro de la escena.