Los principales bloques de la oposición en la Unicameral cordobesa presentaron un frente común para cuestionar la gestión del gobernador Martín Llaryora en materia de transparencia. Legisladores de la UCR, el PRO y el espacio que responde a Luis Juez concentraron sus críticas en el funcionamiento del acceso a la información pública y anunciaron el impulso de proyectos para reformar el marco normativo provincial.
Críticas al cumplimiento de la ley
Desde la oposición se señaló un «incumplimiento permanente» de las leyes 8.803 (de Acceso a la Información Pública) y 10.835 (de Administración Financiera). El legislador radical Miguel Nicolás afirmó que la administración provincial «viola consecutivamente» el derecho de los ciudadanos a obtener datos «completos, veraces y oportunos». En la misma línea, el juecista Walter Nostrala calificó al gobierno como «refractario a los controles».
Problemas concretos en la práctica
Los cuestionamientos no se limitan a declaraciones generales. Los opositores detallaron obstáculos específicos que enfrentan ciudadanos y periodistas. El Portal de Transparencia del gobierno provincial fue señalado como una herramienta que, si bien existe, se transforma en un «laberinto» para el usuario común, con información agregada que impide un análisis detallado del gasto público.
Casos emblemáticos de opacidad
Se mencionaron ejemplos concretos donde la información disponible resulta insuficiente. El análisis del gasto en los Centros Cívicos del interior solo ofrece cifras globales, sin desglose de personal, distribución de recursos o estructura de funcionamiento. Asimismo, en el área de licitaciones, el acceso frecuentemente requiere credenciales específicas o conocimientos técnicos avanzados, restringiendo el escrutinio ciudadano.
Propuestas de reforma legislativa
Frente a este diagnóstico, la oposición avanza con iniciativas para modificar las leyes vigentes. Desde la UCR, la legisladora Brenda Austin impulsa un proyecto integral que reemplace la norma actual bajo el paradigma de la «transparencia activa», donde el Estado publique información de oficio, sin necesidad de que sea solicitada.
«Si el gobierno no cree que tiene la obligación de rendir cuentas, lo que termina pasando es el oscurantismo que venimos viendo», afirmó Austin, vinculando la falta de transparencia con un «caldo de cultivo para la corrupción». Por su parte, el Frente Cívico propone modificar la ley de administración financiera para establecer plazos concretos de carga de datos en los portales oficiales.
Un debate con miras al futuro
El conflicto trasciende la coyuntura y apunta a un debate estructural sobre los mecanismos de control en la provincia. Los proyectos opositores buscan alinear a Córdoba con estándares nacionales e internacionales de transparencia. Mientras el oficialismo no se ha expedido formalmente sobre las críticas, la presión legislativa y el reclamo por una mayor apertura de datos marcan la agenda política en la capital provincial.