La Legislatura de Córdoba se convirtió en escenario de un nuevo capítulo en el debate sobre la dimensión del Estado provincial. Mediante una iniciativa formal, la Unión Cívica Radical (UCR) propuso la eliminación de la red de Centros Cívicos distribuidos en el interior, un movimiento que tensiona la discusión con el gobierno de Martín Llaryora y pone sobre la mesa el uso de recursos públicos.
El argumento de la digitalización
El proyecto, presentado por el jefe del bloque radical, Matías Gvozdenovich, se fundamenta en la expansión del sistema Ciudadano Digital (CIDI). Según el legislador, la posibilidad de realizar trámites provinciales de manera online volvería «prescindibles» estas dependencias físicas. Este argumento replica, en cierta forma, la justificación utilizada recientemente por el oficialismo para la racionalización de servicios bancarios.
Una crítica con trasfondo político
Más allá del aspecto técnico, la propuesta encierra una crítica de alcance político. Desde la oposición se señala que estos centros funcionan como un «anclaje territorial» del peronismo en el interior, destinando recursos que podrían tener otro fin. Gvozdenovich calificó a estas oficinas como estructuras que «malgastan la plata de los cordobeses», elevando el tono del intercambio.
Destino de los recursos y alcance geográfico
La iniciativa establece que los fondos actualmente destinados a mantener los Centros Cívicos, estimados en alrededor de 2.000 millones de pesos anuales, serían reasignados al Ministerio de Educación. El objetivo declarado es reforzar el financiamiento del sistema, con especial foco en una mejora salarial para los docentes, en el marco de la Ley Provincial 9870.
La red afectada incluye sedes en ciudades como Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Villa Dolores, Bell Ville, Laboulaye, Marcos Juárez y Río Tercero. También alcanzaría a delegaciones en localidades como La Carlota, Corral de Bustos, Mina Clavero, Río Ceballos, Colonia Caroya, Villa del Totoral, Monte Buey y Cruz del Eje.
Una disputa que trasciende lo presupuestario
El planteo radical busca instalar una discusión incómoda para el oficialismo, cuestionando no solo la eficiencia del gasto, sino también una estructura considerada clave para la presencia territorial del gobierno. En los fundamentos del proyecto, se hace referencia a un «malgasto» sostenido durante «27 años de gestión», en alusión a la prolongada administración peronista en la provincia.
El eje de cara al futuro
Más allá de la viabilidad legislativa inmediata de la propuesta, que cuenta con minoría en la Cámara, el episodio anticipa que la discusión sobre el rol, el tamaño y la eficiencia del Estado provincial será uno de los ejes centrales de la agenda política cordobesa en los próximos años. La pulseada entre oficialismo y oposición por este tema parece destinada a extenderse.