La administración provincial reconoció el reclamo salarial pero consideró que la medida de fuerza de 72 horas excede el marco de la negociación, por lo que apeló a una herramienta legal para intentar garantizar el dictado de clases.
Tras el anuncio de un paro por 72 horas por parte de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el Gobierno de Córdoba emitió un comunicado oficial marcando su postura. En el mismo, ratificó su voluntad de diálogo pero anticipó medidas legales para garantizar las clases.
La administración de Martín Llaryora comenzó reconociendo la legitimidad del reclamo docente por una recomposición salarial y confirmó que presentará una nueva propuesta económica en la mesa de diálogo. No obstante, consideró que el paro de tres días «excede el marco» de la negociación actual.
«Cada día sin clases no es neutro, genera una multiplicidad de conflictividades», señalaron fuentes oficiales, poniendo el foco en el impacto social del cierre de las escuelas.
Ante la inminencia de las jornadas sin actividad, el Ejecutivo provincial confirmó que solicitará la conciliación obligatoria a la Secretaría de Trabajo. Según el argumento oficial, si esta herramienta es dictada por la autoridad laboral y acatada por el gremio, las medidas de fuerza quedarían en suspenso y los docentes regresarían a las aulas mientras se retoman las negociaciones paritarias bajo este nuevo marco legal.