La Justicia provincial avanza en la investigación de una serie de amenazas anónimas en establecimientos educativos, con 15 personas ya formalmente imputadas.
La Justicia de Córdoba avanza en la investigación de una creciente ola de amenazas de ataques en establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia. Bajo la figura legal de «amenazas calificadas por el anonimato», la fiscalía especializada ha logrado identificar a varios de los responsables detrás de pintadas que generaron alarma en comunidades escolares.
La investigación, liderada por la fiscalía de Soledad Carlino, registra hasta el momento 61 denuncias y 15 personas imputadas. Las autoridades rastrean pruebas para determinar posibles conexiones entre los hechos. Por ahora, las actuaciones judiciales se centralizan en sucesos ocurridos dentro de la provincia de Córdoba, donde el patrón común ha sido la aparición de pintadas con mensajes violentos en baños y paredes de diversos colegios.
Fuentes judiciales indicaron que, aunque muchos de estos actos son realizados bajo la apariencia de una «broma» o para evitar exámenes, la calificación legal conlleva consecuencias serias. «La movilización de recursos policiales, el pánico de los padres y la interrupción del ciclo lectivo no son gratuitos ante la ley», señalaron.
La fiscalía continúa con la recepción de pruebas y el análisis de cámaras y testimonios para determinar si existen vínculos entre los distintos episodios o si se trata de hechos aislados bajo una modalidad de «contagio». Por el momento, la totalidad de los casos registrados en esta investigación corresponden a la jurisdicción de la provincia de Córdoba.
