Un proyecto de la UCR y el PRO propone prohibir la actividad de los cuidacoches y establecer un sistema de estacionamiento medido mediante una aplicación digital, con una transición laboral para los trabajadores actuales.
El debate sobre la regulación del espacio público para estacionamiento y la actividad de los cuidacoches, conocidos como «naranjitas», ha tomado nuevo impulso en la ciudad de Córdoba. Tras la sanción de una ley provincial que habilita a los municipios a regular el cobro, el concejal radical Javier Fabre, junto a Soher El Sukaria (PRO) y Juan Balastegui (UCR), presentó un proyecto que busca modificar el sistema actual.
«Nosotros creemos que en la Ciudad de Córdoba el estacionamiento, como principio general, debe ser libre y gratuito. Después, si por cuestiones de flujo vehicular, para beneficiar al comercio o en determinadas zonas y horarios, el estacionamiento debe ser medido y controlado, nosotros proponemos que sea exclusivamente a través de una aplicación digital», explicó Fabre en declaraciones a Canal 10 y SRT Media.
La iniciativa plantea la prohibición de la actividad de los «naranjitas» en la vía pública y la eliminación del cobro en efectivo. El sistema propuesto funcionaría mediante una app, dejando exentos a los mayores de 70 años. Según el edil, esto «viene a ordenar la Ciudad de Córdoba de una actividad que ha generado violencia urbana, que ha generado muchas críticas».
Respecto a la situación laboral de las personas que actualmente se desempeñan como cuidacoches, el proyecto contempla una transición. Se propone que algunos de ellos, cumpliendo requisitos como no tener antecedentes y cierta capacitación, puedan ser incorporados como controladores del estacionamiento medido, verificando el pago a través de la aplicación.
Fabre se refirió también a las cooperativas que agrupan a algunos cuidacoches, señalando que «no han funcionado como cooperativas, sino como bolsas de empleo de punteros políticos». Por ello, el proyecto descarta su intervención como intermediarias.
Finalmente, el concejal amplió que la propuesta no se limita a la reubicación como controladores, sino que incluye la capacitación en oficios para un universo más amplio de trabajadores del espacio público, estimado en casi 2.000 personas, con el objetivo de «proyectarlos a una salida laboral que no sea precarizada».