El acuerdo entre el Colegio de Abogados y el Ministerio de Justicia establece reglas claras para el ingreso, entrevistas y actuación profesional en establecimientos penitenciarios, con el objetivo de garantizar el derecho de defensa y reducir demoras.
El Colegio de Abogados de Córdoba y el Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia firmaron este martes el “Protocolo de Actuación en el Servicio Penitenciario de Córdoba”, un convenio que fija pautas obligatorias para el ingreso y ejercicio profesional de abogados y abogadas en todos los complejos carcelarios y establecimientos penitenciarios provinciales.
La firma se realizó en el Centro Cívico del Bicentenario y contó con la participación del presidente del Colegio de Abogados, Eduardo Bittar; la secretaria General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández; autoridades del Servicio Penitenciario de Córdoba; representantes del Ministerio Público Fiscal y abogados penalistas.
El nuevo protocolo actualiza un acuerdo firmado en 2024 y surge tras reclamos sostenidos de abogados penalistas por demoras, dificultades de acceso y falta de criterios unificados para el ejercicio profesional dentro de establecimientos penitenciarios.
“Es un hecho político que demuestra la voluntad de empezar a solucionar problemas históricos vinculados al ejercicio profesional dentro del servicio penitenciario”, sostuvo Eduardo Bittar durante el acto. El titular del Colegio destacó el trabajo conjunto realizado durante los últimos meses para construir un protocolo “sin antecedentes en el país”, destinado a ordenar situaciones cotidianas que afectan el trabajo de los profesionales en contextos de encierro.
“Todo abogado y toda abogada debe poder desempeñar su profesión de forma segura y especialmente ágil. A veces los colegas esperan horas para poder entrevistar a un defendido y eso hace muy difícil el ejercicio profesional”, señaló.
Entre los principales puntos, el acuerdo regula las condiciones de ingreso, fija horarios de acceso, establece criterios objetivos respecto de la vestimenta, incorpora mecanismos formales ante restricciones arbitrarias y garantiza la prioridad de ingreso cuando se comparten espacios con visitantes. También se establecen canales institucionales para coordinar entrevistas presenciales y videoconferencias, además de normas para preservar el secreto profesional y evitar inspecciones indebidas sobre documentación vinculada a causas judiciales.
Por su parte, la secretaria General de Gestión Penitenciaria, Nadia Fernández, remarcó la necesidad de construir consensos entre las instituciones y reconoció el contexto de sobrepoblación carcelaria que atraviesa la provincia. “Este protocolo no puede quedar vacío de contenido. Queremos diálogo, consenso y desmontar prejuicios de una parte y de la otra”, afirmó.
Durante el acto también tomó la palabra el fiscal General de la Provincia, Carlos Rubén Lezcano, quien celebró la firma del acuerdo y recordó las dificultades históricas que atravesaban los abogados penalistas para acceder a entrevistas con sus defendidos. “Conversando siempre se llega a buen puerto. Estos convenios permiten generar soluciones concretas para problemas que llevan muchos años”, expresó.
El convenio prevé además la creación de una Comisión de Coordinación integrada por representantes del Ministerio y del Colegio de Abogados, que supervisará la implementación del protocolo, canalizará reclamos y propondrá mejoras periódicas.