Un grupo de diputados nacionales de la oposición presentó un proyecto con medidas fiscales, financieras y laborales para sostener el empleo formal y reducir la presión tributaria sobre las pequeñas y medianas empresas.
Un grupo de diputados nacionales del bloque Provincias Unidas, encabezados por el santafesino Pablo Farías, impulsa un proyecto de ley que propone una batería de medidas fiscales, financieras y laborales destinadas a sostener el empleo formal, facilitar inversiones y aliviar la presión tributaria sobre las PyMEs. La iniciativa cuenta con el respaldo de Gisela Scaglia, María Inés Zigarán, Juan Brugge, Mariela Coletta, Carolina Basualdo, José Núñez, Esteban Paulón, Carlos Gutiérrez y Lourdes Arrieta.
Entre las medidas más relevantes figura la suspensión durante un año de los nuevos juicios de ejecución fiscal, embargos y medidas cautelares iniciadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra empresas que cuenten con certificado MiPyME vigente. Como condición para acceder al beneficio, las firmas deberán conservar al menos el 90% de su plantilla de trabajadores.
La iniciativa también crea una moratoria excepcional para regularizar deudas tributarias, aduaneras y previsionales. El esquema contempla la condonación de multas, una reducción de hasta el 80% de los intereses para micro y pequeñas empresas y planes de pago de hasta 96 cuotas con seis meses de gracia.
Otro de los ejes del proyecto apunta a reducir la carga impositiva. Las micro y pequeñas empresas pagarían solo el 25% de los anticipos del Impuesto a las Ganancias previstos por la normativa vigente, mientras que las medianas abonarían el 50%. Además, se habilita la posibilidad de computar el 100% del impuesto al cheque como pago a cuenta de Ganancias.
La propuesta incorpora un régimen de estabilidad fiscal por dos años que impediría la creación de nuevos impuestos nacionales o el incremento de las alícuotas vigentes para las empresas alcanzadas por el programa.
En materia productiva, los diputados buscan fortalecer la participación de las PyMEs como proveedoras del Estado y de los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Para ello, plantean beneficios como devolución acelerada de créditos fiscales, amortización acelerada de inversiones y reducciones temporarias en las contribuciones patronales.
El proyecto también prevé líneas especiales de financiamiento para inversión productiva y capital de trabajo con tasas subsidiadas, períodos de gracia y garantías del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), con el objetivo de facilitar el acceso al crédito en un contexto de restricciones financieras.
Uno de los cambios centrales se concentra en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), incorporado por la Ley de Modernización Laboral. La iniciativa reduce los montos mínimos de inversión exigidos para acceder a los beneficios, flexibiliza el tratamiento de quebrantos impositivos, amplía los mecanismos de amortización acelerada y extiende la vigencia del régimen de dos a cinco años, con posibilidad de una prórroga.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que las MiPyMEs representan el principal generador de empleo privado formal del país y advierten que muchas atraviesan una situación crítica por la combinación de alta presión tributaria, dificultades para acceder al financiamiento y una persistente caída de la actividad económica. En ese contexto, consideran necesario implementar medidas extraordinarias para evitar nuevos cierres de empresas y preservar el empleo.