El expresidente de la Legislatura se sienta en el banquillo en la Cámara del Crimen de Villa Dolores. Está imputado por homicidio culposo y lesiones culposas agravadas.
Este lunes 3 de agosto comienza en la Cámara del Crimen de Villa Dolores el juicio oral y público contra el exlegislador y expresidente de la Unicameral de Córdoba, Oscar González, por la colisión ocurrida en el paraje Niña Paula, Camino de las Altas Cumbres, en el Valle de Traslasierra.
El siniestro vial, registrado el 29 de octubre de 2022, derivó en la muerte de la docente Alejandra Bengoa y dejó secuelas físicas y de salud a dos adolescentes: su hija Marina y la joven Alexa. Tras un proceso de instrucción que atravesó casi cuatro años, González se sentará en el banquillo de los acusados.
Los cargos y las penas en juego
Oscar González llega al debate imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas reiteradas. La acusación estará a cargo de la fiscal Analía Gallaratto, y la conducción del tribunal quedará bajo la órbita del juez Santiago Camogli.
En caso de ser hallado culpable, el exfuncionario provincial se enfrenta a una pena de entre 3 y 6 años de prisión, además de la inhabilitación para conducir vehículos automotores.
La posición de la querella
Desde la querella y el entorno familiar de las víctimas mantienen la postura de endurecer la calificación legal. En declaraciones a Canal 10, Gustavo Álvarez, padre de Alexa, expresó: «Vamos a ir a las audiencias a demostrar que esto fue un crimen vial y con todas las características de un dolo eventual». Además, remarcó: «Llegar a esta instancia, llegar a sentar a Oscar González en un banquillo, para nosotros ha sido un padecimiento».
Tanto Marina como Alexa se perfilan como testigos clave en el desarrollo del proceso oral para reconstruir las circunstancias del impacto.
La estrategia de la defensa
La defensa técnica del exlegislador, encabezada por el abogado Miguel Ortíz Pellegrini, confirmó que solicitará la absolución de González al considerar que no existe responsabilidad penal de su cliente en el choque.
Según la línea argumental de la defensa, presentarán cámaras de seguridad de un comercio cercano y la declaración de tres testigos presenciales para intentar demostrar que fue Bengoa quien realizó un adelantamiento indebido en una zona prohibida. Asimismo, sostuvieron que la conductora no contaba con la habilitación municipal correspondiente para manejar al momento del choque.
Ortíz Pellegrini remarcó que la indemnización civil hacia las dos jóvenes sobrevivientes no forma parte de la discusión en este tribunal, dado que «tienen derecho a ser indemnizadas cualquiera sea el resultado del juicio», e hizo un llamado a que el magistrado resuelva «de acuerdo a lo que se pruebe en el juicio y no por las habladurías de la prensa».