La Cámara de Diputados de España dio media sanción a una ley que concede la nacionalidad a personas nacidas en el Sahara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977 y a sus hijos. La norma, que ahora pasa al Senado, generó tensiones con Marruecos.
La Cámara de Diputados de España aprobó este martes una ley que concede la nacionalidad a las personas que nacieron en el Sahara Occidental mientras era colonia española, antes del 29 de septiembre de 1977, y a sus hijos. La iniciativa obtuvo media sanción y deberá ser refrendada por el Senado.
El texto fue respaldado por los diputados socialistas y sus aliados parlamentarios, con la abstención del Partido Popular y el voto en contra de VOX. La norma otorga la ciudadanía por la vía extraordinaria de la carta de naturaleza. Para acreditar la condición, los solicitantes podrán presentar antiguos Documentos Nacionales de Identidad españoles vencidos o los censos autenticados por las Naciones Unidas.
La autora del proyecto es la diputada de Más Madrid, de origen saharaui, Tesh Sidi, quien tras la votación declaró: «Con la aprobación de esta norma le devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que algún día lo tuvieron y este Estado se lo quitó. A un pueblo saharaui que era la provincia 53 y lo abandonaron. Igualamos derechos y reparamos una injusticia histórica».
El Sahara Occidental fue colonia española hasta 1975. Ese año, España se retiró del territorio y Marruecos lo ocupa desde entonces. En 1975, el rey Hassan II organizó la «Marcha Verde», una movilización de civiles y militares marroquíes que ingresó al territorio. Desde entonces, el Frente Polisario reclama la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por más de 80 países y miembro de la Unión Africana.
Actualmente, Marruecos ocupa el 80 por ciento del territorio y ha construido un muro de casi 3.000 kilómetros que separa la zona ocupada de la liberada. La población saharaui se divide entre quienes viven bajo administración marroquí y quienes residen en campamentos de refugiados en Argelia. La ONU exige desde 1975 un referéndum de autodeterminación que Marruecos no ha permitido.
En 2022, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, apoyó el plan de autonomía para el Sahara Occidental propuesto por Marruecos, lo que implicó un cambio en la posición histórica de España. Sánchez esperaba que Rabat endureciera los controles fronterizos. Esa expectativa se rompió a fines de julio pasado, cuando se produjo la irrupción de 80 mil personas indocumentadas en Ceuta.
Tras la aprobación de la ley, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos emitió un comunicado en el que afirmó: «La clase política española sufre de ceguera estratégica… cede ante las escaladas irracionales y populistas… esta norma puede convertir la vecindad en una fuente de desconfianza crónica».
La norma busca reparar el desamparo jurídico de decenas de miles de personas tras la salida de España de su excolonia. Si se convierte en ley definitiva, admite tácitamente que el Sahara Occidental sigue siendo, de jure, un territorio a descolonizar.