El ministro de Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, afirmó que la ley que reforma el régimen de Zona Fría y recorta subsidios al gas impactará en cerca de 700.000 familias y conexiones de la provincia. Señaló que tres de los cinco capítulos de la norma perjudican a los cordobeses y cuestionó la condonación de deudas a distribuidoras del AMBA.
El ministro de Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, se refirió a la ley que reforma el régimen de Zona Fría y recorta subsidios al gas, aprobada por el Senado. En una entrevista con Ahora Noticias por SRT Media, el funcionario afirmó que la normativa afectará a cerca de 700.000 familias y conexiones en la provincia.
López sostuvo que «de los cinco capítulos de la ley, hay tres que impactan negativamente en los cordobeses, en su economía y en los servicios públicos asociados». Indicó que el gobernador Martín Llaryora instruyó a sus legisladores a votar en contra de la propuesta.
El ministro precisó que «esta quita de subsidio es importante y va a afectar a cerca de la mitad de los habitantes de nuestra provincia, cerca de 700.000 familias y conexiones».
Además, mencionó el artículo 8 del capítulo cuarto, que autoriza a Enargas a trasladar a las facturas los mayores costos de adquisición de las distribuidoras. Explicó que, por saturación del sistema de transporte en invierno, el gas de Vaca Muerta no llega a Córdoba y las distribuidoras deben comprar gas natural licuado a un costo mayor. «La distribuidora va a tener que salir a comprar gas natural licuado que cuesta 8 o 9 veces más, y ese mayor costo se traslada a la factura», declaró.
Señaló que el cuadro tarifario vigente desde abril de 2024 impone un cargo fijo constante y que, como el subsidio nacional solo se aplicaría sobre el consumo de gas (entre el 40% y 50% de la boleta), el impacto amortiguador será reducido.
López también se refirió al capítulo dos de la norma, que contempla un salvataje financiero para distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires. «Vuelve una vez más a condonar deudas multimillonarias en dólares para las empresas privadas Edenor y Edesur», afirmó, y agregó que especialistas estiman ese monto en torno a los «2.000 millones de dólares», financiado con fondos del Estado Nacional.
El funcionario cuestionó el voto favorable de algunos legisladores cordobeses y sostuvo: «Es una pinza que trae una injusticia más a la provincia de Córdoba. No recibimos subsidio al transporte, pagamos la nafta más cara y tenemos las obras nacionales paralizadas. Para defender a Córdoba y a los cordobeses no quedaba otra opción que rechazar esta medida».