El gobernador Martín Llaryora, junto al ministro de Producción, Fernando Sibilla, presentó un proyecto que unifica la promoción industrial y prevé exenciones fiscales para inversiones en Córdoba.
El gobernador Martín Llaryora, acompañado por el ministro de Producción, Fernando Sibilla, envió a la Legislatura provincial el proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo.
La iniciativa busca unificar las normas de promoción industrial vigentes, simplificar el acceso a los beneficios y alcanzar tanto a industrias que se radiquen en Córdoba como a empresas que ya desarrollan su actividad en la provincia y decidan ampliar o modernizar su producción.
Entre los principales beneficios, el régimen general contempla exenciones del 100% en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, de Sellos e Inmobiliario durante 10 años para los proyectos que cumplan con los requisitos establecidos.
El plazo se extendería a 15 años para inversiones localizadas en las zonas del noroeste y el sur contempladas en el proyecto, y para empresas que se radiquen en parques industriales.
La propuesta promueve además inversiones en maquinaria, equipos y otros activos destinados a la producción, así como la incorporación de tecnologías vinculadas con la Industria 4.0, entre ellas inteligencia artificial y fabricación aditiva.
Para las pymes que incorporen nuevos trabajadores a jornada completa y por tiempo indeterminado, se establece una asignación estímulo a la capacitación equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil durante un año. El beneficio se extendería a dos años para los proyectos alcanzados por los incentivos incrementales.
El proyecto también crea un régimen simplificado para empresas cuyos ingresos brutos anuales no superen los 4.500 millones de pesos.
Para acceder a la exención de Ingresos Brutos sobre la actividad industrial deberán realizar inversiones en activos fijos equivalentes, como mínimo, al 1,2% de la base imponible provincial de esa actividad correspondiente al año anterior. El beneficio no alcanzaría a las operaciones realizadas con consumidores finales.
Además, se contemplan beneficios impositivos durante cinco años para parques o áreas industriales que funcionen bajo una forma jurídica propia y la posibilidad de establecer líneas de crédito especiales, con tasas preferenciales o subsidiadas.
Los beneficios otorgados bajo las normas actualmente vigentes mantendrían sus plazos y condiciones.
En caso de ser aprobado por la Legislatura, el nuevo régimen entraría en vigencia el 1 de enero de 2027 y se extendería hasta el 31 de diciembre de 2036.