La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) expresó su preocupación por una separata que el Poder Ejecutivo incluyó recientemente como anexo del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2024, en la que se sugieren modificaciones tributarias que afectarían al campo.
Entre los puntos de la separata se incluyen la eliminación de la exención de los inmuebles rurales a los efectos del cálculo del impuesto a los Bienes Personales así como cambios en el IVA a los arrendamientos de tierras rurales; la alícuota reducida en el IVA a las carnes, frutas, legumbres y hortalizas frescas; la valuación de la hacienda; el cómputo como pago a cuenta del Impuesto a las ganancias del 45% del impuesto sobre los combustibles; la alícuota de los impuestos a los combustibles que hoy tiene valores fijos); la reducción del impuesto sobre los combustibles, por incorporación de biodiesel no gravado; el ajuste por inflación impositivo; la exención del impuesto a las ganancias de las cooperativas.
«De ser modificados, significan un impuestazo fiscal para los productores«, señaló la mesa de enlace. «Dentro de la cadena, la traslación impositiva se hace sobre el eslabón primario, como viene sucediendo largamente», criticaron las entidades.»Esto, sin duda generará menor actividad, desaparición de productores y estancamiento productivo«, afirmaron.
La CEEA, instó a los legisladores a no convalidar la presentación del Ejecutivo, para no reiterar errores. «Ya conocemos los resultados que provocarán, en el marco del déficit fiscal y el aumento de presión impositiva», indicaron los productores. «Basta de impuestos y distorsiones«, exigieron. «Se necesita una mirada nueva para viejos temas mal resueltos, dentro de un marco institucional que dé certeza para seguir produciendo y generar así empleo, arraigo y actividad económica», remarcaron los productores.
El 25 de octubre, en el Congreso de la Nación, funcionarios e invitados del Ministerio de Economía argumentaron frente a diputados de la Comisión de Presupuesto las razones para la inclusión de una separata con distintas propuestas modificatorias de la ley de Presupuesto Nacional con el objetivo de bajar el déficit. Entre ellas, se encuentran varios cambios en tributos y en beneficios impositivos que pusieron en alerta al agro como la exención de inmuebles rurales en el impuesto sobre los Bienes Personales que representa un 0,48% del Producto Bruto Interno (PBI). Pero también las exenciones al pago del impuesto a las Ganancias para los jueces; y el régimen especial de la provincia de Tierra del Fuego.
Economía incluyó en el proyecto presupuestario que se aprobará (o no) luego del 10 de diciembre, un párrafo destinado a ”promover el análisis y discusión parlamentaria de los gastos tributarios y de otros beneficios impositivos con impacto presupuestario en pos de dar sostenibilidad al sendero fiscal de la República”. A partir del comienzo de la defensa de la separata pueden pasar dos cosas: que algunas de sus ideas modificatorias se conviertan en artículos de la ley de Presupuesto o bien que, tras la aprobación del Presupuesto, se envíe un proyecto de ley para eliminar las exenciones planteadas.
Desde el Ejecutivo sostienen que las exenciones generan pérdidas de recaudación de alrededor del 5% del PBI. Y desde la Fundación Barbechando, una entidad civil que trabaja junto a diputados y senadores nacionales para incidir positivamente en leyes y políticas públicas para el desarrollo de la agrobioIndustria, subrayaron que «se necesita compensar la pérdida de recaudación que originarán las recientes medidas de compensación a determinados sectores de trabajadores, jubilados y monotributistas» y emitieron un «alerta agro».
Los inmuebles rurales están alcanzados por el impuesto inmobiliario provincial y, en muchos distritos, también tributan una tasa de red vial. Además, «se encuentran incorporados dentro de un proceso económico, por lo que quedan fuera del alcance del espíritu recaudatorio del impuesto a los bienes personales», destacaron desde Barbechando. Por eso, indicaron que «avalar una triple imposición es un ataque directo al desarrollo federal de nuestro país».