El gobernador fueguino, Gustavo Melella, busca tomar acciones legales contra el Reino Unido por el nuevo puerto que se proyecta construir en las islas Malvinas y quiere hacerlo por fuera del Ejecutivo nacional, lo genera una fuerte polémica sobre las facultades de la provincia frente al Estado nacional.
“En los próximos días el @GobiernoTDF por instrucción del Gobernador @gustavomelella, intimará a la empresa norirlandesa @HarlandWolffplc como consecuencia de su intención de avanzar ilegalmente en la construcción de un nuevo puerto en nuestra provincia sin autorización” anunció en las redes el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, en alusión a la nueva terminal portuaria que británicos e isleños construirán en el la capital del disputado archipiélago.
Mucho más moderna de la que levantaron tras la guerra de 1982, la nueva instalación le competirá fuertemente al puerto de Ushuaia porque está a las puertas de la Antártida. Tendrá una infraestructura mucho más moderna que la actual para recibir cruceros, buques de pesca, científicos y eventualmente barcos que exploren y exploten hidrocarburos.
Pero desde el Gobierno central sostienen que la gestión de Melella, un exradical aliado al kirchnerismo y que forma parte del grupo de gobernadores reactivos a la administración de Javier Milei, no puede tomar medidas que son asuntos de los Estados soberanos. Lo tiene que hacer la Cancillería, remarcan.
“Hemos vivido un sinfín de novedades en torno a lo que es las Islas Malvinas, la llegada del Canciller (David) Cameron a Puerto Argentino, estas intenciones de ampliar lo que es la usurpación, especialmente en la zona de Georgias y Sandwich del Sur en lo que ha sido la navegación de buques con bandera ilegítima de las Islas por el Estrecho de Magallanes, incluso la construcción de un puerto que en los próximos días se va a formalizar una intimación por parte del Gobierno de la Provincia”, dijo Dachary entrevistado por la Radio Fueguina.
Luego, en lo que los periodistas locales entendieron como un recurso a los tribunales internacionales de Justicia, Dachary detalló que se trata de “una intimación que se traduce en un recurso administrativo desde la Secretaría de Ambiente y del Ministerio de Producción y Ambiente del Gobierno de la provincia”, que se le enviará directamente al Astillero Harland & Wolff “a través de lo que es la Convención de La Haya (en realidad se referiría al llamado Convenio de La Haya”.
Dachary luego sostuvo su posición crítica sobre lo que considera un “modo suavizado” de la nueva Cancillería de Milei y Diana Mondino en la agenda por el reclamo de soberanía de las Islas del Atlántico Sur que, por cierto, se presentó como un factor de inesperada presión para un gobierno que efectivamente buscaba un diálogo más amigable on los británicos que el que tuvieron las administraciones kirchneristas.
Los fueguinos están molestos además porque dicen que el nuevo embajador ante las Naciones Unidas, Ricardo Lagorio, no puso en sus temas de agenda el reclamo histórico a Gran Bretaña por la soberanía de las islas en disputa.
Ello sería grave, debido a que la ONU es la única instancia que le brinda a la Argentina instrumentos jurídicos para que siga haciendo reclamos de soberanía al Reino Unido. La ONU mantiene un llamado a las partes a negociar, central en el argumento jurídico argentino.
Brilliant news for Harland & Wolff – we have been named as preferred bidder by the Falkland Islands Government (FIG) to provide a replacement of the islands’ port facility, known as FIPASS. The contract is valued at between £100 and £120m.
You can read more about this exciting… pic.twitter.com/XcDidTJsmw
— Harland & Wolff (@HarlandWolffplc) March 5, 2024
Pero varios hechos obligaron a la Cancillería a manifestar su molestia a Londres y a citar a la embajadora Kirsty Hayes para expresárselo en persona: la visita del canciller David Cameron a las islas, el reciente anuncio de una descomunal ampliación unilateral por parte del Reino Unido de la zona de protección marina y de no pesca alrededor de las Islas Georgias y las Sandwich del Sur, más el contrato por 120 millones de libras (153 millones de dólares) con Harland & Wolff para hacer el nuevo puerto que rivaliza con el de Tierra del Fuego.
Qué dice el Gobierno
No es la primera vez que Melella intenta generar desde el ámbito provincial una medida nacional. Sobre el fin de año, cuando Milei renunció a entrar al bloque de los BRICS (que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) dijo que iba a pedir la entrada de su provincia a este. Imposible.
Después quiso declarar a la embajadora Hayes como “persona non grata” y lo mismo con Cameron. Algo ocurrió en el medio porque a la diplomática se la vio feliz en un viaje de trabajo que hizo a Ushuaia.
En Cancillería dijeron a Clarín que lo que refleja Dachary es la intención de notificar a la empresa británica Harland & Wolff respecto a una intimación que eventualmente librarían las autoridades provinciales en el marco de un procedimiento administrativo, el que debe ser efectuado a través del denominado “Convenio de La Haya del 15 de noviembre de 1965 sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial”, de la que tanto la Argentina como el Reino Unido son parte.
Pero “para poder llevar a cabo dicha notificación, la Provincia de Tierra del Fuego tiene que hacerlo a través de la autoridad central designada por nuestro país para dicho convenio, que es la Cancillería, específicamente la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional – DAJIN”.
Señalaron que se puede hacer también por la vía diplomática, a través de las Embajadas, o a través de los consulados. Y en esos casos “también tiene que intervenir la Cancillería”.
En conclusión, advirtieron: “En el marco del derecho internacional aplicable en materia de notificaciones -en este caso de carácter extrajudicial-, se requiere de forma obligatoria la intervención de la Cancillería para que la misma surta efectos jurídicos”.