Un funcionario clave para el control de la pesca renunció en medio de acusaciones por supuestas presiones de Cancillería para favorecer a un empresario de China por la pesca ilegal de merluza negra frente a Tierra del Fuego. La polémica le valió también el cargo al coordinador del Ministerio de Relaciones Exteriores involucrado, que puso a consideración su dimisión.
Clarín reconstruyó la historia que se esconde detrás de las dos renuncias, que entrelaza los traspiés de funcionarios sin experiencia en el área de pesca, la falta de tropa propia del gobierno de Javier Milei y llamados indiscretos desde otras dependencias públicas que salpican a ministros.
Julián Suárez se desempeñaba como director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera desde 2020, puesto en el que había sido designado por Alberto Fernández. Confeso militante de La Cámpora, el 7 de diciembre pasado ya había presentado su renuncia indeclinable al cargo con fecha del 10, el mismo día que asumía Javier Milei. Al área de Pesca había llegado en 2009 desde donde hizo carrera en la función pública, incluso durante la gestión de Mauricio Macri.
Pero Suárez no pudo irse a su casa. Desde el nuevo gobierno le pidieron que se quede por su amplia experiencia y la falta de personal propio. Aceptó, en parte porque su cargo de funcionario público le impide hacer abandono de su puesto de trabajo sin caer en un delito, pero puso condiciones. A cambio pidió que no se echara a ninguna de las personas que tenía bajo su ala, mantener su estilo de gestión y que desde Casa Rosada no se derogaran normas que se habían elaborado durante los últimos años.
En enero, el gobierno de Milei nombró a quien sería su jefe, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Juan Antonio López Cazorla, dependiente de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, todo bajo la órbita del Ministerio de Economía. López Cazorla fue quien recibió la ahora sí renuncia indeclinable de Suárez como director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera. Esta vez se la aceptaron.
Un barco argentino de capitales chinos con una carga de merluza ilegal
La salida de Suárez del área de Pesca se comenzó a gestar en febrero, cuando empresas pesqueras se quejaron ante su dependencia porque el buque Tain An, de la empresa Prodesur SA, de origen argentino pero constituida con capitales chinos, llevaba en sus bodegas más merluza negra de la que tiene permitida.
Liu Zhijiang es el dueño de Prodesur S.A, dueño del buque, de los más grandes que existen en la flota nacional. Además de empresario del mar sería un exquisito coleccionista de arte ya que contaría en su colección con obra del pintor holandés Rembrandt.
Para pescar merluza negra se necesitan permisos nacionales y existe una cuota por barco debido a que se trata de una especie que se busca preservar. Pero también existe la pesca incidental, bycatch en la jerga, un fenómeno que sucede cuando se utilizan redes de arrastre para pescar otras especies que habitan la misma zona y, en el arrastre se obtiene, sin proponérselo, este pescado.
Julián Suárez, el funcionario de Pesca que renunció tras el escándalo por el barco chino.Existen regulaciones que indican cuánta merluza negra pescada de forma incidental pueden llevarse los buques. El Consejo Federal Pesquero resolvió en 2023 reducir al 1,5% de la capacidad de bodega de un barco la cantidad a quedarse o 5 toneladas del pescado, lo que represente la cifra menor.
El buque Tai An tiene la capacidad de transportar 1.000 toneladas en sus bodegas, es decir, se le aplica la cifra permitida de 5 toneladas. A bordo de cada embarcación viajan inspectores del gobierno para constatar que se cumplan las normas de pesca. La funcionaria allí asignada informó que el barco llevaba 142 toneladas de merluza negra, muy por encima de su permitido.
Sin embargo, fueron las empresas competidoras las que pusieron el grito en el cielo y avisaron a la Subsecretaría de Pesca. A Suárez, en su calidad de director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera le correspondía realizar la nota destinada a Prefectura Naval para que la fuerza de seguridad ordene al barco volver a puerto por la infracción que cometía. Este tipo de delitos, de acuerdo al Régimen Nacional de Pesca, son contravenciones, por lo que les suelen caber a las empresas sanciones económicas.
El buque TAI AN lleva una carga ilegal de merluza negra. Un llamado desde el Palacio San Martín y una visita desde el área de Posse
Suárez no había llegado a despachar la nota a Prefectura cuando recibió un llamado. Del otro lado le hablaba Pablo Ferrara Raisberg, coordinador general en la Cancillería que encabeza Diana Mondino. Le pidió que no se inmiscuyera en el tema, le advirtió que podría haber problemas en la Justicia por hacer retornar el barco a puerto, sugirió que desde su dirección se estaba actuando de manera arbitraria y fuera de la ley. «Fue una intromisión directa sobre otra dependencia que no había pasado jamás», confesaron a Clarín desde el área.
Ferrara Raisberg es el representante de la Cancillería ante el Consejo Federal Pesquero. Es uno de los pocos funcionarios que desembarcaron en el Palacio San Martín en diciembre con la llegada de Mondino. El vínculo con la canciller se forjó en el ámbito académico. No los une ningún lazo familiar.
A la ministra el escándalo la sorprendió en Vietnam, donde se encuentra de gira desde el fin de semana. Desatada la polémica, este martes, a última hora, Ferrara Raisberg puso a disposición su renuncia. Desde la otra parte del mundo, Mondino analizaba si la acepta.
Tras la llamada, Suárez se dirigió al subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla. Como máxima autoridad debía, según la ley de Régimen Federal de Pesca, definir si corresponde que el buque vuelva a puerto (la normativa asigna al director la figura hipotética del «fiscal» y al subsecretario la de «juez» que debe fallar), y, en términos políticos y partidarios, recoger el guante de la advertencia telefónica realizada desde la Cancillería.
Diana Mondino junto a Pablo Ferrara Raisberg.López Cazorla finalmente falló: el buque chino con 142 toneladas de merluza negra ilegal no volvería a puerto, pero se le pidió que se mantenga alejado de la zona vedada de pesca de esta especie. Hubo sabor agridulce en la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera.
La semana pasada llegarían a las oficinas de Pesca enviados desde la Jefatura de Gabinete que encabeza Nicolás Posse. Fueron con el pedido de que desde el área se confeccionara un listado con normas a derogar oficializadas entre 2019 y 2023.
«La respuesta de todos los técnicos en pesca fue que no había que derogar nada», contaron a este medio desde el área. El encuentro, que duró poco menos de una hora, se agitó cuando se les preguntó a los enviados del ministro al que no se le conoce la voz si el objetivo era «un anuncio rimbombante con números rimbombantes sobre desburocratización del Estado». Los enviados de Posse dieron a entender que sí.
El viernes llegó otro pedido de listado a la dirección que encabezaba Suárez. Esta vez querían 50 nombres de empleados para desvincular. «No se lo tomen a mal, pero que sean 49, porque el que se va soy yo», les advirtió el camporista que pidieron que se quedara. Fue el punto final para una trama que había comenzado a escribirse a bordo de un barco argentino de capitales chinos con una carga ilegal de merluza negra.
En el Congreso piden explicaciones a Cancillería
Los reclamos del escándalo ya llegaron al Congreso, donde tanto diputados como senadores expresaron su inquietud ante las versiones de presión de Cancillería para favorecer a ese pesquero.
Este martes, el senador Pablo Daniel Blanco (UCR) adelantó que pedirá que las autoridades de Relaciones Exteriores comparezcan en el Congreso y den explicaciones sobre las supuestas presiones al encargado de fiscalización.
“El buque estaba pescando sin ningún tipo de autorización, una especie prohibida y en aguas vedadas para tal fin. Es un acto ilícito por donde se lo mire y, además, depredador”, dijo Blanco sobre la irregularidad en el marco del régimen de cuotificación.
Según el senador, cuando Prefectura ordenó que el pesquero regresara al puerto, el barco ya tenía en su interior 163 toneladas de merluza. La embarcación pertenece a la empresa Prodesur y su dueño es de origen chino: su nombre es Liu Zhijiang y vive en Tierra del Fuego.
“Este suceso no es casualidad y lo que llama la atención es que los paladines de la anticorrupción hayan supuestamente levantado el teléfono para interceder a favor de los depredadores. Están en juego no sólo la supervivencia de nuestros recursos pesqueros sino varios millones de dólares que reporta la venta de merluza negra obtenida de manera legal”, agregó Blanco.
DS