El Gobierno aprobó un pago por US$337 millones para apelar un fallo por distorsionar datos del INDEC

El gobierno de Javier Milei aprobó este lunes el pago de US$337 millones para poder apelar un fallo por la manipulación de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) durante el kirchnerismo.

El Tribunal de Apelaciones de Inglaterra determinó que la Argentina deberá pagar esa suma antes del 5 de abril en una cuenta fiduciaria si quiere continuar con el juicio que se tramita por el método de cálculo de una serie de bonos de deuda, conocidos como “cupones PBI”.

Leé también: Las claves del DNU que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria: cómo y desde cuándo serán los aumentos

Por ello, el Ejecutivo aprobó a través del Decreto 277/2024, publicado en el Boletín Oficial, el modelo de acuerdo de fideicomiso denominado “RofA Special Trust 2024″ (en inglés) o “Fideicomiso Especial de la República Argentina – 2024″; el modelo de Carta de Crédito Stand by o “Standby Letter of Credit” para otorgar a favor del Fiduciario de los Valores Negociables; y el modelo de Facilidades de Carta de Crédito o “Letter of Credit Facility Agreement”.

Se trata de la causa “Palladian Partners L.P. and ors v The Republic of Argentina and anor (FL-2019-000010)”, que inició un grupo de tenedores y por la cual el juez Picken declaró al Estado argentino responsable de un pago de más de US$1500 millones en virtud de los Valores Negociables.

Asimismo, el magistrado ordenó publicar “una aproximación del PBI en año de precios base 1993 desde 2014 hasta 2034 para aplicar la interpretación de los Demandantes sobre las condiciones de pago de los Valores Negociables”.

La administración de Alberto Fernández solicitó el 30 de junio de 2023 permiso para apelar la orden del juez Picken a la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales.

Recién en enero de este año, el juez Phillips concedió el permiso para apelar, pero emitió una condición solicitada por los demandantes, quienes están representados por el poderoso estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que tiene entre sus socios a Dennis Hranitzky, el abogado que embargó la Fragata Libertad en 2012.

En efecto se ofrecieron dos opciones para cumplir con la condición: “Que la República Argentina pague en efectivo la condición en custodia en una cuenta remunerada para que el Fiduciario de los Valores Negociables lo retenga hasta que se resuelva la apelación de Argentina, y la segunda consiste en que esta proporcione una garantía en una forma alternativa (como una carta de crédito Standby), sujeta a que los Demandantes y el Fiduciario de los Valores Negociables acuerden dicha modalidad alternativa o, en ausencia de dicho acuerdo, a que la corte lo ordene”.

Se fijó como fecha límite el 5 de abril, dejando en claro que, en caso de incumplimiento, se perderá el derecho de apelar y la decisión del juez Picken quedará firme.

El detalle del decreto publicado por el Gobierno

En el decreto publicado este lunes, el Gobierno autorizó “conforme resulte pertinente, la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en la ciudad de Nueva York – Estados Unidos de América y la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto de la jurisdicción que se prorrogue, en los contratos que se suscriban en el marco del presente decreto”.

Leé también: Escándalo de los seguros: el Gobierno detectó más contratos sospechosos en el exministerio de las Mujeres

Además, remarcó que “la República Argentina no renuncia a inmunidad alguna respecto de la ejecución de sentencias que deriven de las cláusulas de prórroga de jurisdicción” y aclaró que eso incluye los bienes que se detallan a continuación:

• Cualquier bien, reserva o cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA);
• Cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el territorio de Argentina, incluyendo los comprendidos por los artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial de la Nación;
• Cualquier bien perteneciente al dominio privado del Estado, de acuerdo con el artículo 236 del Código Civil y Comercial de la Nación;
• Cualquier bien (sea en la forma de efectivo, depósitos bancarios, valores, obligaciones de terceros o cualquier otro medio de pago) de la Argentina, sus agencias gubernamentales y otras entidades gubernamentales relacionadas con la ejecución del presupuesto, dentro del alcance de los artículos 165 a 170 de la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014);
• Cualquier bien alcanzado por los privilegios e inmunidades de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, incluyendo, pero no limitándose a bienes, establecimientos y cuentas de las misiones argentinas;
• Cualquier bien utilizado por una misión diplomática, gubernamental o consular de la Argentina.
• Impuestos y/o regalías adeudadas a la Argentina y los derechos de la Argentina para recaudar impuestos y/o regalías;
• Cualquier bien de carácter militar o bajo el control de una autoridad militar o agencia de defensa de la Argentina.
• Cualquier bien que forme parte de la herencia cultural de la Argentina.
• Los bienes protegidos por cualquier ley de inmunidad soberana que resulte aplicable”.