En una medida que casi con seguridad desatará la queja del kirchnerismo, los presidentes de ambas cámaras legislativas, Victoria Villarruel (Senado) y Martín Menem (Diputados), resolvieron disolver la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Fabricación, Comercialización y Distribución de la Pasta Celulosa, creada por ley en 2011, en pleno enfrentamiento del gobierno de Cristina Kirchner con el Grupo Clarín.
Para mayor inquina de las conducciones kirchneristas de ambos bloques legislativos de Unión por la Patria, la resolución conjunta sostiene que la medida se toma en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, de desregulación de la economía, y ocurre después que el Senado rechazara el decreto y trasladara a la Cámara baja toda la presión en torno a la vigencia del instrumento firmado por Javier Milei en diciembre último.
La ley 26.736 fue abrogada (derogada) por el artículo 11 del DNU 70/23, que el kirchnerismo viene imputando por inconstitucional y que se encuentra objetado ante diferentes fueros de la justicia federal en varios aspectos de sus 366 artículos.
La norma fue aprobada el 27 de diciembre de 2011 y fue una suerte de “secuela” de la Ley de Medios que declaró de “interés público” la fabricación de pasta celulosa para que la administración kirchnerista de entonces pudiera intervenir en el mercado de la venta de papel de diario. En su segundo artículo, creó una comisión bicameral con la función de hacer un seguimiento y control parlamentario de la industria y estaba integrada por 16 legisladores, ocho por cada una de las dos cámaras legislativas.
Sin embargo, el kirchnerismo perdió el interés en controlar el mercado de papel de diario hace mucho tiempo. La última vez que se integró la comisión fue en febrero de 2019, cuando Cristina Kirchner llevaba poco menos de tres meses al frente del Senado como vicepresidenta del gobierno de Alberto Fernández.
La bicameral tampoco se reunió en todo ese año y su integración venció al año siguiente sin que volviera a elegirse nuevos miembros. La pandemia que estalló poco después y el interés de Cristina Kirchner en direccionar el temario del Senado hacia su agenda judicial, complotaron para la parálisis que se registró en los últimos cuatro años.
No obstante permanecer cerrada durante todo este tiempo, en la comisión revistaban ocho empleados que, al pertenecer a la planta permanente del Congreso, deberán buscarse un nuevo destino.