A pesar de que el oficialismo dice que hará esfuerzos hasta último momento, el plan inicial de dictaminar la Ley Bases en el Senado este jueves se torna inviable. El proyecto suma críticas de opositores y aliados, que se niegan a aportar su firma hasta que no haya avances en las negociaciones y el Ejecutivo ya abre la puerta a modificaciones.
«Salvo que consigan votos de los K para dictaminar mañana…», ironizó una legisladora clave a este medio. «No hay chance», ratificó un radical. Mientras tanto, un legislador de un bloque federal decisivo agregó: «No veo que haya nada».
En La Libertad Avanza reconocen que dictaminar el jueves es «una expresión de deseo», pero dicen que harán el «esfuerzo». El debate interno tiene que ver con apurar el despacho y negociar de cara al recinto.
Sin embargo, esa estrategia no tuvo buenos resultados en Diputados en el verano cuando se atropelló el dictamen, que salió con más disidencias que acompañamientos, y el proyecto terminó naufragando en el recinto después de la aprobación en general.
Lo cierto es que tampoco depende de ellos. Entre las tres comisiones que debaten el texto -Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto- suman 53 legisladores. LLA tiene 3 firmas. Necesitan de la buena voluntad de aliados.
Y el hecho de haber puesto una fecha de dictamen antes de que empiece siquiera el debate no los predispuso. «Acá decidimos nosotros, los senadores. No nos van a llevar a las patadas. Somos cámara revisora», coinciden varios.
Además, Unión por la Patria estaba enviando esta tarde al plenario de comisiones un listado de expositores que piden ellos, entre los que estará la CGT, las dos CTA y la OIT. El libertario Bartolomé Abdala que coordina el plenario se había comprometido a aceptarlo.
Energía, el RIGI y reforma laboral entre las objeciones
En el segundo día de debate expusieron el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.
Unión por la Patria, que tiene 33 legisladores, ya adelantó en varias oportunidades que votará en contra. Buscan abroquelarse en esa decisión y convencer a cuatro legisladores más para hacer caer la ley.
Por eso, las disidencias que plantean los senadores aliados son la llave que definirá el texto. Rolandi ya abrió la puerta a hacer modificaciones en la comisión y esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni se expresó en la misma línea: «Si podemos ganar consenso, se hará”, aseguró.
En el debate de este miércoles, sobre Energía, se sumaron reclamos del presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Edgardo Kueider (Unidad Federal), quien apuntó que el Gobierno tiene deudas acumuladas por «prácticamente cinco meses» con las represas de Salto Grande y Yacyretá. «Se hace imposible operar», se quejó el entrerriano.
El salteño Juan Carlos Romero, jefe de la bancada Cambio Federal, resaltó que el kirchnerismo hizo una «destrucción de la matriz energética» y coincide en que hay que revertir la «cadena de desorden», pero pidió garantías de que no va a pasar lo contrario.
«En materia de liberación qué mecanismo va a haber para que no pase lo contrario, que no se nos vaya la mano y terminemos haciendo una gigante transferencia de recursos del consumidor a los operadores que van a querer recuperar los 20 años de perdidas. ¿Qué recaudos va a tomar el Estado?», apuntó.
Mientras tanto, la cordobesa, Alejandra Vigo (del bloque Unidad Federal) volvió a la carga sobre un tema muy discutido en Diputados: la facultad delegada al Ejecutivo para modificar o disolver organismos. Solicitó que se garantice el financiamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y otros.
Propuso también que en lugar de terminar ahora con la moratoria previsional «se complete el período de la moratoria previsional que vence el año próximo» y en el medio se discuta a futuro otra solución.
Además, sumó el tema del financiamiento de las universidades. «Que el Ejecutivo brinde certezas sobre el presupuesto para las universidades nacionales», sentenció.
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) siguió sumando críticas. Ese punto tuvo fuertes reparos de la legisladora PRO, Guadalupe Tagliaferri, y el radical Martín Lousteau.
Lousteau consideró el régimen «excesivamente generoso» mientras que Tagliaferri marcó la contradicción en la redacción que por un lado invita a las provincias a adherir y por otro asegura que ese punto no importa. Varios legisladores aseguran que «avasalla el federalismo de las provincias».
Las disidencias se extienden, además, a cuestiones contenidas en el paquete fiscal, como el Impuesto a las Ganancias y el blanqueo. Esta tarde se esperaba el arranque del debate de ese proyecto en la comisión de Presupuesto.