El Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, fue aceptado como querellante en la causa que se investiga a un grupo de piqueteros por extorsión y defraudación contra beneficiarios de planes de sociales. El juez federal Sebastián Casanello aceptó el pedido del gobierno que ahora podrá no sólo ser parte del expediente como acusador sino que además, podrá sugerir medidas de prueba.
“Este Ministerio de Capital Humano resulta a todas luces legitimado para actuar como parte en autos atento a la naturaleza de las cuestiones ventiladas en el caso, del fraude fiscal (planes sociales) e incluso por el carácter de co-denunciante de los delitos que se investigan en el marco de las causas que integran la litis”, había señalado Leila Gianni, subsecretaria Legal del área de Pettovello, cuando solicitó ser tenida como parte querellante en la causa penal.
En esa misma línea, Capital Humano indicó que «un rechazo a la pretensión de este Ministerio a ser parte querellante resultaría no sólo contradictorio con lo ya resuelto en autos, sino un gravamen para el Estado Nacional al no poder formar parte del presente proceso».
La Justicia federal firmó este lunes, como contó Clarín, la exención de prisión de los 27 dirigentes sociales imputados en esta causa. Son integrantes de distintos movimientos piqueteros acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales, en su mayoría del Potenciar Trabajo. Entre los apuntados incluidos en el expediente judicial se encuentran integrantes del Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, todos citados a indagatoria.
El Ministerio Público Fiscal, representado por Gerardo Pollicita, dio impulso a la acción penal tras la denuncia que presentó el ministerio de Seguridad tras recibir más de 900 llamadas en la línea 134 donde se denunciaban hechos de extorsión para asistir a una de las primeras movilizaciones en contra del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023.
La ministra Bullrich había solicitado asumir como querellante contra los imputados identificados, pero el juez Casanello le rechazó este pedido al entender que son brazo auxiliar en el expediente: no sólo intervinieron en los 27 operativos realizados hace más de una semana, sino que tienen a cargo diversas pericias de los dispositivos celulares secuestrados.
“Los bienes jurídicos tutelados y los efectos de las conductas imputadas demuestran que la ministra no puede asumirse, en términos legales, como particularmente ofendida. Tampoco debe perderse de vista que no resulta suficiente alegar que aquí se investigan hechos ‘que causan graves perjuicios a la Nación en su conjunto’, pues ello por sí solo no la habilita a querellar”, había sostenido Casanello en su decisión.
Las personas imputadas en la causa penal apuntan a Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iraman, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.
Lo que se les atribuye es haber actuado en carácter de autores, coautores, cómplices o encubridores de los delitos de amenazas agravadas, extorsión y defraudación al Estado. Después de los allanamientos, el juzgado ordenó la inhibición general de bienes de todos ellos, como el levantamiento del secreto fiscal y bancario.
La denuncia inicial refiere a una modalidad que consistía “en ofrecer subsidios a cambio de concurrir a marchas y movilizaciones, obligando a asistir a movilizaciones, como la del día 22 de diciembre de 2023, bajo la advertencia expresa de «dar de baja al Plan Potenciar», de cobrarles una suma de dinero fija o mensual como «castigo», por no asistir a una movilización, el requerir el pago de aportes con periodicidad mensual para el mantenimiento de un subsidio”.
Ante esa hipótesis de trabajo, la trazabilidad de los fondos de dinero que las organizaciones sociales manejaban, es un factor determinante. No se analiza un posible accionar coercitivo sobre beneficiarios de planes sociales y otras ayudas económicas proporcionadas por el Estado, sino que además, el juez Casanello busca determinar el móvil de este accionar.
Para esta tarea el análisis se realiza sobre los intermediarios que eran quienes firmaban los convenios con el Estado, esto es: las cooperativas. Esa relación está normada y entre las exigencias se especifica que los dineros percibidos -por ejemplo- no podían aplicarse a fines políticos. “Si esto ocurrió se estaría ante una administración fraudulenta de fondos del Estado, una mala administración de intereses confiados”, señalaron fuentes judiciales.
En función de este aspecto, la fiscalía a cargo de Pollicita pidió el allanamiento a las cooperativas comprometidas en la presunta maniobra delictiva. Sostuvo en su dictamen que se “desconoce el destino final del dinero” y en este punto se solicitó -y ordenó el magistrado- el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las 28 personas involucradas, “a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados”, señala el dictamen.