El juez federal Sebastián Casanello llamó a declaración indagatoria a Eduardo Belliboni para el 26 de junio, junto a una extensa lista de dirigentes sociales. Se les atribuye el delito de administración infiel sobre el dinero que manejaban del plan Potenciar Trabajo. La sospecha es que utilizaban el programa de ayuda social “con fines políticos-partidarios a través de sumar militancia y fondos a sus agrupaciones”.
Los números bajo investigación son por muchos ceros. Las agrupaciones piqueteras manejan mensualmente, cifras elevadas de dinero que provenía del Estado nacional. Dos de los espacios involucrados en la maniobra de posibles extorsiones y desvío de fondos recibieron cerca de 600 millones de pesos en el gobierno de Alberto Fernández para manejar partidas correspondientes al programa Potenciar Trabajo. Uno de ellos es el que responde a Belliboni.
“Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa «Potenciar Trabajo», dijo el juez Sebastián Casanello en el llamado a indagatoria.
El llamado a indagatoria incluye a otros referentes del Polo Obrero. El juez Casanello indicó que se comprobó, además, el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, “para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”. Esto podría representar operaciones de lavado de activos.
Eduardo Belliboni, el líder piquetero que fue citado a indagatoria. Foto: APSe trató -continuó desarrollando el magistrado- de montos significativos “que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado”.
Es decir: “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, señaló Casanello.
Entre los demás citados a indagatoria se encuentran Dina Iramain, Brisa Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches para el día 11 de junio.
Para el 12 de junio deberán presentarse ante el juez Casanello Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat y María Cecilia Cowper.
Otro grupo de dirigentes sociales deberán declarar el 13 de junio. Se trata de Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso y Lorenzo Martelli.
El listado continúa: Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez; Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego y Elizabeth del Carmen Palma.
La hipótesis de los investigadores
El rol de intermediarios para otorgar planes como el Potenciar Trabajo fue cuestionado por los investigadores porque representó “un abuso de poder, un posible desvío de fondos”, entre otras acusaciones volcadas en el expediente. Las organizaciones sociales bajo investigación se dedicaron -sostiene la imputación que pesa sobre 27 referentes piqueteros– “sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social, cobrarles la entrega de alimentos que debían ser gratuitos y/o forzarlos a participar de marchas bajo la amenaza expresa de dar de baja el plan en caso de no hacerlo”.
Esa tesis inicial cobró mayor contundencia tras una instrucción complementaria que impulsó Casanello tras la imputación del fiscal Gerardo Pollicita.
La maniobra bajo investigación se vio complementada -entendió el juzgado-, con la “exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal”.
Todas esas exigencias, se consignó en la resolución, eran “transmitidas a los beneficiarios del plan por otros beneficiarios de mayor antigüedad en la organización, pero igualmente de marcada vulnerabilidad”.
Este último accionar también se corroboró en el caso de otros dos grupos de personas asociadas bajo la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza.
Más de 600 millones de pesos durante la gestión de Alberto Fernández
Como contó Clarín la Asociación Civil Polo Obrero encabezada por Eduardo Belliboni, bajo la denominación de fondos correspondientes a Potenciar Trabajo, recibió 235.197.271,80 pesos durante el gobierno de Alberto Fernández. Más específicamente, desde el 26 de junio de 2020 cuando figura el primer depósito, hasta el 23 de diciembre de 2022.
En esa fecha, después del cambio de gestión, se le depositaron 37.500.000 pesos. Dos depósitos en el mismo día.
Hay tres comedores del Polo Obrero apuntados por la Justicia por la presunta maniobra extorsiva.Las personas que eran víctimas de la presunta maniobra extorsiva concurrían a tres comedores que dependían del Polo Obrero: Rivadavia I, La Carbonilla y Mariano Ferreyra. Durante esta primera etapa de investigación, se los investiga por acciones “tendientes a apropiarse de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional” que debían ser otorgados a los beneficiarios de Potenciar Trabajo.
En cuanto a la Asociación Civil Caminos de Tiza, inscripta por Barrios de Pie, que responde a Daniel Menéndez -ex funcionarios de Desarrollo Social y actualmente se desempeña como subsecretario de Economía Popular en el gobierno de Axel Kicillof-, las sospechas son las mismas.
Esta organización recibió 305.277.989,82 de pesos, desde el 25 de noviembre de 2019 hasta octubre de 2023. Todos los fondos fueron enviados en concepto del programa Potenciar Trabajo.
Incluso uno de los últimos depósitos recibidos fue el 18 de octubre, días previos a las elecciones generales. De todos los desembolsos realizados, el de esa fecha fue el más relevante, por 42 millones de pesos.
A esta organización el fiscal le atribuyó conductas “tendientes a apropiarse de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional a dicha asistencia y, al mismo tiempo, coaccionar a los beneficiarios, con el objeto de forzarlos a participar en “movilizaciones” de la agrupación Barrios de Pie”.
D.D.