El juez federal Sebastián Casanello concedió la apelación que presentó el ministerio de Capital Humano, en contra de la orden de distribuir 5.000 toneladas de alimentos a comedores y merenderos. Con esta decisión, será la Cámara Federal porteña la que tendrá la última palabra en esta disputa en la que desde la cartera que dirige Sandra Pettovello se insiste en que «la distribución es una política de Estado no judiciable».
La denuncia que dio inicio a este expediente judicial sostiene que hay “casi cinco mil toneladas de alimentos sin entregar” en “dos centros operativos pertenecientes a la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano”: en el Centro Operativo Martelli “habría [una] friolera de 2.751.653 kg. de alimentos disponible para su entrega” y en el Centro Operativo Tucumán “habría 2.269.078 kg. de alimentos listos para su entrega”.
En función de estos hechos, es que este lunes el juez Casanello impuso un plazo de 72 horas para que se presente un plan de distribución inmediata de los alimentos en cuestión, y la subsecretaría Legal de Capital Humano apeló esa decisión.
Entre otros argumentos, la abogada Leila Gianni señaló que «las cuestiones políticas entran en el dominio de la ‘prudencia política’, pertenecen a las ramas legislativa y ejecutiva dentro del sistema argentino, no resultan judiciables«.
Pero, además, el ministerio desmintió las cifras que se volcaron en el dictamen acusador de la fiscal federal Paloma Ochoa: «de las 5 mil toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de 3 mil toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría. Esta yerba no sólo se adquirió a través de procesos poco transparentes, sino que se trata de un producto de mala calidad».
La apelación ahora elevada a la Cámara reitera que la decisión de Casanello es «contraria a distintos actos del Poder Ejecutivo atinentes a la marcha o funcionamiento de la Administración Pública y la implementación de políticas públicas las que resultan ajenas al control judicial«.
Entre otros aspectos, la subsecretaría Legal indicó que hay una auditoría en curso por las irregularidades detectadas en la adquisición de alimentos, pero también en su distribución. Se relevaron 1.201 comedores y merenderos anotados en el Registro Nacional de Comedores y el 50% de los mismos «son fantasmas, no funcionan como tal y uno estaba registrado donde en verdad hay un barrio privado.
Estos aspectos son parte de un expediente judicial que está en trámite en Comodoro Py.
Con la apelación concedida, será la Cámara Federal porteña la que tendrá la palabra final al respecto: si Capital Humano debe distribuir los alimentos o si le dará la razón a la cartera que conduce Pettovello respecto a la potestad que tiene para decidir cómo, cuándo y a quiénes entregar los alimentos.