La inscripción de La Libertad Avanza en Río Negro quedó envuelta en un escándalo: la afiliación de cinco personas fallecidas y de decenas incluidas en los fichajes que negaron haber dado su consentimiento dieron lugar a denuncias cruzadas y a un expediente judicial que investiga el controvertido trámite.
Es en este marco en el que la Justicia Nacional electoral celebró días atrás una audiencia con los apoderados libertarios para dar el primer paso para el reconocimiento provisorio del partido en el distrito. Pero, en principio, se postergó el trámite hasta tanto sean analizadas las irregularidades denunciadas.
La encargada del operativo de reclutamiento de afilados en la provincia patagónica es la diputada nacional Lorena Villaverde que argumentó que «las adhesiones no son objeto de la audiencia» y que las afiliaciones sospechadas serían fruto de un «boicot interno».
Es que durante la última semana se aceleró la difusión de los listados con adhesiones impugnadas y la presentación en la justicia federal de decenas de personas que aseguran no haber avalado su incorporación al partido. Pero un apoderado de otro partido rionegrino consultado alertó que el establecimiento de LLA en esta provincia fue llamativamente rápido: había comenzado en marzo y en tres meses se pretendía presentar las pre-afiliaciones, un proceso que normalmente demanda mucho más tiempo. Las sospechas, asegura, es que algún puntero libertario podría haber tomado identidades de los registros de las delegaciones de la ANSeS e incluso de la Federación de Boxeo local.
Según la normativa provincial, un partido necesita al menos 2.392 firmas de tres circuitos electorales para poder competir en los comicios que organiza el distrito.
Interviene un juzgado provincial
La cuestión es que en la causa interviene el juzgado electoral de Viedma y la fiscalía federal de esa capital, que dio cuenta que de «las adhesiones presentadas por el partido de autos se advierte un total de 5 electores fallecidos». Luego se sumaron distintas presentaciones de particulares rechazando haber dado su consentimiento para ser parte de la fuerza.
En este caso, la sospecha es que se podrían haber utilizado datos personales para fraguar los avales. Uno de los casos, al que tuvo acceso este medio, es del Norberto Cruz Guerrero, un vecino de Cipolletti, que asegura que «no he suscripto ficha, ni entregado documentación que respalde, por lo que solicito se anule la adhesión pretendida».
Más allá de lo que ocurra con el proceso de inscripción del partido, la fiscalía podría convocar en los próximos días a los apoderados de LLA que firmaron las fichas de adhesión entre las que se encontraban los fallecidos.
En diálogo con este diario, Villaverde rechazó las sospechas y aclaró que «las adhesiones que no son afiliaciones» y que las autoridades partidarias locales «analizarán las sospechas de boicot interno por partes de miembros del partido que han abandonado intempestivamente el mismo». Al respecto, abundó que se realizará una auditoría interna y una revisión de los listados presentados ante el tribunal electoral «a fin de hallar posibles irregularidades y sus responsables».
Incluso detalló que hubo integrantes de las fichas de LLA a los que «fueron a verlos para que hagan la denuncia negando haber firmado. Les ofrecían cosas y dinero a cambio. Todo del manual de la vieja política», señaló el apoderado.