Mientras el Congreso debate el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, un instrumento que el Gobierno considera esencial en términos del desarrollo económico, el Proyecto Argentina GLP (YPF-Petronas), evaluado como la inversión extranjera más importante de la historia de nuestro país, es objeto de un insólito tironeo entre jurisdicciones, respecto a su lugar de emplazamiento.
Estudios de factibilidad comparativos e ingeniería conceptual, importantes decisiones técnicas y jurídico/administrativas, reserva de tierras, evaluaciones ambientales, que bien pueden considerarse un principio de ejecución, fueron llevadas adelante en el área portuaria de Bahía Blanca, por YPF primero y luego en conjunto con Petronas, al ser incorporada esta como socio del emprendimiento. De este modo no cabía ningún tipo de duda acerca de su lugar de radicación. Sin embargo a partir del cambio de autoridades en la petrolera estatal y en el contexto del tratamiento de la Ley Bases, comenzó a barajarse la alternativa del Puerto de Punta Colorada en la Provincia de Rio Negro.
La enorme importancia estratégica que para el país reviste la pronta concreción de un emprendimiento de esta naturaleza requiere no anteponer el carro a los caballos. En otras palabras, la urgente necesidad de aprovechar la breve ventana de oportunidad que el mundo nos ofrece en cuanto al uso de combustible de origen fósil exige asegurar su inversión en un ámbito apropiado y probado por sus condiciones de infraestructura y operatividad, entorno socioambiental, experiencia y antecedentes de nivel internacional en la materia. Innovar sobre la marcha respecto a su lugar de radicación hacia un área de incipiente desarrollo o de usos no previstos, en nada ayuda al rápido avance de este imprescindible proceso de inversión.
El hinterland portuario de Bahía Blanca es fruto de un proceso de desarrollo industrial vinculado a la energía y los hidrocarburos que se remonta a la década del 60 del siglo pasado, con los primeros estudios para la radicación de empresas trasnacionales del rubro petroquímico, pasando por la creación e instalación en su área de Petroquímica Bahía Blanca SE en los 70, su posterior privatización, la convergencia de gasoductos troncales, la profundización del canal de acceso al Puerto y la sanción de su autonomía.
Este sostenido e incremental proceso cobra un acelerado impulso a través de cuantiosas inversiones de fines de los 90 en materia petroquímica, convirtiendo el área en el 5to. mayor polo de Latinoamérica. Mas recientemente, cabe consignar, la amplia experiencia en el manejo de cargas de GNL acreditada con la operación de más de 300 buques regasificadores y la primera operación de licuefacción ship-to-ship de América Latina.
Barcaza productora de Gas Natural Licuado (GNL) que la petrolera YPF operó en el puerto de Bahía Banca.Todo lo cual trajo aparejado, el desarrollo de infraestructuras apropiadas, accesibilidad, disponibilidad de energía, formación y capacitación de recursos humanos, pero en punto a su sustentabilidad, lo más importante: su vinculación con el entorno.
En tal sentido, una etapa fundamental en este proceso de crecimiento y aprendizaje fue la sanción de la ley Provincial 12530 de la cual soy autor, precisamente pensada para un diseño socioambiental sustentable en el área portuaria bahiense, frente a la llegada de las grandes inversiones energéticas y petroquímicas de fines del siglo pasado.
Legislación vigente
La escala y nivel tecnológico del portento industrial que , por entonces allí se radicaba, demandaban montar un sistema de auditoría y control ambiental por parte del Estado, como también atenuar la desconfianza y el rechazo de la población circundante respecto al funcionamiento de las nuevas empresas.
La ley actualmente vigente instrumenta controles online/realtime de todo tipo de emisiones liquidas, sólidas y gaseosas provenientes de las plantas industriales ubicadas en todo el área portuaria, a través de un organismo especifico instalado en las inmediaciones y en el que se delegan todas las facultades y competencias legales de la Provincia y del propio Municipio. La tarea está a cargo de técnicos especializados, de nivel y capacidad suficiente para interactuar con compañías de gran desarrollo tecnológico y prevé la participación de la comunidad a través de Universidades, ONG’s e instituciones vecinales con capacidad de auditar a su vez los controles y promover acciones que compatibilicen el crecimiento industrial con la vida en su entorno.
Dicho organismo descentralizado y único en su tipo, se financia mediante una tasa ambiental que las empresas deben abonar, a cambio de la prestación del servicio de monitoreo, lo cual ha permitido la paulatina implementación de políticas de vigilancia, la acumulación de experiencias en términos de previsión y minimización del riesgo y la superación de incidentes propios del desarrollo industrial de este tipo y magnitud. Se configura así una cultura del control en términos de una verdadera licencia social favorable al desenvolvimiento de este tipo de actividades.
Como es fácil advertir, se trata de un proceso sostenido, en el que Bahía Blanca ha ido madurando hasta convertirse en un verdadero cluster para estas instalaciones, lo que torna más que razonable, en términos de su especificidad, desarrollo y continuidad futura, no innovar en cuanto al lugar originariamente previsto para emplazar esta planta.
La radicación en el Puerto de Bahía Blanca de las instalaciones industriales destinadas a la elaboración y exportación de GNL responde a una decisión fundada en términos y ventajas comparativas por sobre otras ubicaciones, y lo más importante: consulta los intereses superiores del país, en cuanto a una rápida y exitosa definición de este vital emprendimiento para su futuro.
*Juan Pedro Tunessi es ex diputado nacional por la UCR y ex secretario Parlamentario del Honorable Senado de la Nación