Sobre el filo de la feria judicial de invierno, la causa por las estafas con tarjetas de débito de la Legislatura tomó un nuevo impulso: la fiscal que investiga el escándalo de Julio “Chocolate” Rigau citó a declaración indagatoria a 32 dueños de los plásticos que tenía en su poder el puntero del PJ platense cuando lo detuvieron en una sucursal del Banco Provincia. El empleado de la cámara de Diputados bonaerense había extraído más de dos millones de pesos y los guardaba en una bolsa de residuos.
El trámite judicial impulsado por la fiscalía que investiga la causa, Betina Lacki, determina que esas personas que figuraban como contratados o empleados del palacio legislativo provincial quedaran de manera formal imputados por delitos de estafas reiteradas, defraudación al Estado y –según considera la acusación- partícipes de una asociación ilícita.
No obstante, no podrán quedar detenidos porque la Cámara de Apelaciones de La Plata ya se expidió sobre esta situación procesal cuando Lacki dispuso la detención de otros 16 “prestanombres” cuyas cuentas bancarias también administraba Rigau.
La Justicia platense investiga desde hace diez meses una fabulosa maniobra para obtener dinero de manera ilícita de las arcas del Poder Legislativo. Se inició cuando Rigau fue sorprendido con 48 tarjetas de débito en los boxes del Bapro de avenida 7 y 54 de La Plata, mientras vaciaba esas cuentas desde cajeros automáticos.
La acumulación de pruebas, testimonios y documentación derivó en la detención con prisión preventiva del “tarjetero” Chocolate Rigau y de dos dirigentes del Frente Renovador, Claudio Albini y su hijo Facundo. El mayor fue subdirector de personal de la Cámara de Diputados. Y Facundo estuvo como asesor en ese cuerpo deliberativo y cuando lo detuvieron había reelegido una banca en el concejo deliberante de La Plata, integrando la lista que encabezó Julio Alak, actual intendente de la capital provincial.
Ahora Lacki considera que la maniobra –por la cual, según la Justicia se obtuvieron por lo menos 800 millones de pesos en dos años– “no hubiera podido llevarse a cabo, de la manera en que se hiciera, sin la absoluta cooperación (de los ahora imputados): anterior, con la firma de los contratos y la puesta en disposición de sus tarjetas de débito que permitieron consumar” la extracción de ese dinero.
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