El capturado piloto de la avioneta que transportaba 475 kilos de cocaína fue imputado formalmente por el delito de “contrabando de importación de material estupefaciente destinado a su comercialización agravado por la utilización de medios de transporte aéreo, rutas aéreas no autorizadas y lugares clandestinos de aterrizaje en concurso ideal con transporte ilegal de material estupefaciente”, según definió el equipo de fiscales que lleva adelante la investigación, el titular de la delegación regional NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el fiscal Matías Scilabra; el titular de la Sede Fiscal Descentralizada San Lorenzo, fiscal federal Claudio Kishimoto, y el fiscal coadyuvante Francisco Bernhardt.
Ese ciudadano boliviano de 57 que fue atrapado en las cercanías de Rosario algunas horas después del operativo desarrollado en forma conjunta por unidades del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa que derivó en la interceptación de la aeronave y el decomiso de la droga, es un coronel de la Fuerza Aérea de Bolivia, identificado como Oscar Armando Caba Hurtado.
El ahora imputado portaba su credencial militar en el momento del arresto realizado por la Policía de Santa Fe después de que se piloto fuese rescatado por bomberos cuando había quedado atrapado en una barranca y estaba por caerse en un cauce del río Carcarañá en su intento de fuga.
Durante la lectura de la acusación “se notificó al Consulado de Bolivia sobre la situación legal del imputado y los fiscales enumeraron medidas pendientes, como la declaración de testigos, el requerimiento al gobierno de Bolivia para que informe antecedentes penales o si tiene causas abiertas en aquel país, los bienes muebles e inmuebles que posee, el reporte satelital con posicionamiento global para determinar la ruta que hizo la aeronave desde Bolivia antes de aterrizar en Andino y el relevamiento de los planes de vuelo de la aeronave desde 2015 a la fecha”, según consignó el Ministerio Público Fiscal en su página oficial de noticias, www.fiscales.gob.ar.
Uno de los elementos claves en las investigaciones sobre vuelos narco tiene que ver con la posibilidad de secuestrar la unidad de GPS de las aeronaves, ya que allí queda grabada significativa evidencia para futuras investigaciones. Incluso puede saberse con esos datos la frecuencia de viajes desde Bolivia a la Argentina y con ese dato, definir la magnitud del movimiento de drogas de la organización criminal que utilizaba esa avioneta Cessna que fue detectada por un radar ubicado en la localidad santafesina de Tostado -unidad que fue inaugurada por el ministro de Defensa, Luis Petri, en septiembre pasado-, perseguida luego por aviones Tucano de la Fuerza Aérea Argentina y, finalmente, rodeada en la zona de aterrizaje por el despliegue de la Gendarmería.
El coronel boliviano no solo fue imputado por el contrabando de drogas, sino que también se definió que transitará la etapa de instrucción de la causa en la cárcel. “Al fundamentar el pedido de la prisión preventiva efectiva por 90 días para el piloto, los fiscales expusieron que se cumplen los requisitos, porque se evidencia peligro de fuga ante la gravedad y circunstancias especiales del hecho que demuestran la posibilidad de acceder a recursos. También, que se trata de un militar retirado, que no tiene arraigo en el país, y según informes de la Dirección de Migraciones, nunca ingresó oficialmente a la Argentina. Además, si bien se guardan los informes oficiales, subrayaron que en Bolivia aparentemente tiene una causa abierta por un hecho de homicidio que aún no tuvo resolución”, informó el Ministerio Público Fiscal.
Los investigadores intentan ahora determinar, además, la red logística que dio apoyo al narcovuelo. Según pudo saber LA NACION de fuentes de la investigación, el piloto quería llegar a Ibarlucea, situada a 15 kilómetros de Rosario. En la zona de aterrizaje se encontraron bidones con combustible, por lo que quedó en claro que un equipo de apoyo tenía previsto descargar la droga y repostar la avioneta. “En relación a terceras personas que pudieran estar involucradas como apoyo en tierra para el desembarco de la droga, el fiscal Bernhardt indicó que se solicitaron informes a distintas empresas titulares de antenas de telefonía celular para obtener los impactos de llamadas o mensajes entrantes y salientes en un determinado sector y rango horario”, se señaló en el informe oficial del MPF.
“Es el operativo más importante y más exitoso que registra la Argentina, en una operación compleja de la que participó la Fuerza Aérea, el Comando Conjunto Aeroespacial y la Gendarmería Nacional. No tiene antecedentes en el país. Por eso creemos que es trascendental el cambio de rumbo que se dio a partir del 10 de diciembre pasado con instrucciones muy claras y precisas del presidente Javier Milei de dar una lucha sin cuartel contra el narcotráfico”, sostuvo ayer el ministro Petri al dar detalles del operativo.
Y agregó que se logró “una coordinación perfecta entre la Fuerza Aérea Argentina, el Comando Conjunto Aeroespacial y Gendarmería Nacional”, según se informó en un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, agregó: “Es muy importante entender que la lucha contra el narcotráfico se tiene que dar en todos los niveles: a nivel terrestre, en las fronteras, por agua y por aire. Esta realidad de haber logrado interceptar un primer tráfico aéreo ilegal. Evidentemente, esta lógica de entrar pro aire es el intento de evitar los controles terrestres y fluviales que hacemos desde las fuerzas de seguridad”.
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