La semana pasada, Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución de Naciones Unidas (ONU) cuyo objetivo es prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas.
El voto de nuestro país expresa los nuevos lineamientos adoptados por la Cancillería en consonancia con el polémico discurso del presidente Javier Milei en la reciente asamblea de la ONU, en el que criticó fuertemente al organismo y tomó distancia de sus programas más importantes, como la agenda 2030 y los planes de mitigación y adaptación al cambio climático.
En esta ocasión, Argentina rechazó intensificar “los esfuerzos para prevenir y eliminar toda forma de violencia contra mujeres y niñas”, tanto en el entorno digital, por el desproporcionado impacto que tiene la violencia de género en las redes sociales, como en los ámbitos privados y públicos.
El proyecto, aprobado con el voto afirmativo de 170 naciones, menciona la violencia sexual, la trata y la explotación sexual, entre otros tipos de explotación, y solicita a los estados nacionales que generen normas legales para sancionar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, y que destinen recursos materiales y humanos para brindar servicios de apoyo a víctimas de la violencia.
El Gobierno, a través del secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, justificó el rechazo en que se trataría de una propuesta “que invocaba la agenda de la mujer”, “partía de un enfoque feminista radical y tenía abordajes de la violencia que se fundaban en una visión que no tiene evidencia científica alguna”.
En realidad, la resolución es un hito más en un largo compromiso de la comunidad internacional con la problemática. Y la fecha en que fue votada se asocia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que desde 1999 se conmemora cada 25 de noviembre en todo el mundo por petición de la ONU, casualmente.
Hace 25 años, aquella resolución definió como violencia contra la mujer “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
No hay allí ningún enfoque radicalizado ni la arbitraria imposición de una supuesta agenda femenina. Además, hay sobrada evidencia científica local e internacional que demuestra que la forma más habitual que adopta la violencia contra las mujeres es la que ejercen contra ellas sus parejas o exparejas; violencia que a menudo concluye en femicidio y que en no pocas ocasiones alcanza a los hijos de esas mujeres.
Estadísticas de años recientes de la propia ONU advierten que cerca del 70% de la población femenina es víctima de violencia en algún momento de su vida. Razón hartosuficiente para incentivar periódicamente a los países a prevenirla.
La violencia contra la mujer es una brutal e inaceptable agresión contra la humanidad. Un gobierno argentino, de cualquier ideología, no debe rechazar ese principio básico y universal, en perfecta sintonía con la Declaración de Derechos Humanos.